CCOO Y UGT CREEN QUE EL “TOQUE DE ATENCIÓN” DE LA OIT AL GOBIERNO POR EL SMI “DEBERÍA PROVOCAR UN CAMBIO EN SU POLÍTICA”

Los sindicatos CCOO y UGT consideran que el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la negociación del Salario Mínimo Internacional (SMI) supone un “toque de atención” al Gobierno que “debería provocar un cambio en la política” del Ejecutivo.
En un comunicado, ambos sindicatos explicaron que el Consejo de Administración de la OIT, en una reunión celebrada el pasado mes de marzo, aprobó el informe del comité tripartito encargado de examinar la reclamación que CCOO y UGT presentaron hace tres años por entender que el Gobierno está vulnerando el Convenio 131 de la OIT en relación a la fijación de salarios mínimos.
Las razones que alegaban las organizaciones sindicales se centraban en que el SMI había venido acumulando pérdidas de poder adquisitivo, se encuentra muy por debajo del objetivo europeo del 60% del salario medio y había sido congelado desde 2011 en un nivel que no permitía una vida digna.
El informe del organismo internacional se circunscribe a la situación durante los ejercicios 2014 y 2015 y se pronuncia sobre el fondo de las reclamaciones de CCOO y UGT, para solicitar al Gobierno que continúe, en consulta con las organizaciones más representativas de los trabajadores, realizando “todos los esfuerzos necesarios” para tener en cuenta las necesidades de los trabajadores y sus familias y darles a estas un peso adecuado a la hora de determinar el SMI.
Además, solicita que Gobierno e interlocutores sociales traten las bases de la determinación anual del SMI de cara a evitar que se produzcan pérdidas en el poder adquisitivo, y que el Ejecutivo consulte “exhaustivamente” a estas organizaciones a lo largo de todo el proceso de fijación del salario mínimo.
Asimismo, le “invita” a que facilite información a este respecto, para su examen por parte de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.
En cualquier caso, CCOO y UGT concluyen que el incremento del 8% fijado para 2017 sigue “muy por debajo” de los niveles requeridos desde el punto de vista de justicia social o de desarrollo económico, y no garantiza las condiciones mínimas de subsistencia de una unidad familiar.