El Tribunal Constitucional, en una sentencia adoptada por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso presentado por el PSOE y declara inconstitucionales las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos por considerar que dichos gravámenes, aprobados en noviembre de 2012, vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva.
En un comunicado, el Consejo ha celebrado que el TC haya decidido por unanimidad extender la anulación de las tasas a las pequeñas y medianas empresas, pues en febrero de 2015 ya se derogaron para las personas físicas. Así, se "repara plenamente una injusticia que impedía o dificultaba el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la tutela judicial efectiva", ha dicho la presidenta de la institución, Victoria Ortega.
Ortega ha destacado que la anulación de las tasas contribuye a "impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo" y ha añadido que esta sentencia ha sido una "victoria de la Justicia", pero también de los ciudadanos, de las pequeñas y medianas empresas y de toda la Abogacía.
En esta línea, ha destacado que la ley de tasas que aprobó en noviembre de 2012 Ruiz-Gallardón produjo una "violación del derecho" al acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y de las pymes", así como de obtener la tutela judicial efectiva consagrada en la Constitución.
Sin embargo, el Consejo ha lamentado que ni con la derogación en su día de las tasas judiciales para los ciudadanos ni la que ha tenido lugar este viernes, hará efectivo la devolución de las tasas cobradas y ha criticado que el "dinero recaudado" con ellas no se ha destinado a mejorar el servicio público de Justicia Gratuita.
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