Según ha explicado a Europa Press una de las hijas del militar, Ana Velasco, la familia decidió presentar una demanda contencioso administrativa contra el Estado en el año 2011 después de que los dos etarras autores del asesinato --Lorenzo Ayestarán y Gracia Arregui--- no fueran procesados por este delito.
En su demanda, la familia señalaba que siempre habían creído que la única circunstancia que había impedido el enjuiciamiento de Lorenzo Ayestarán por el asesinato de Jesús Velasco era que no estaba a disposición de la justicia, puesto que llevaba 27 años huido en Venezuela. Sin embargo, cuando fue detenido en Francia en 2010 e iniciaron las gestiones legales para personarse en el procedimiento, comprobaron que no estaba procesado.
En el caso de Gracia Arregui, para quien la fiscalía solicitaba 27 años de prisión, denunciaban que tampoco será juzgado por estos hechos debido a que, a pesar de que fue detenido en Francia tres meses antes de la prescripción del delito, se pospuso el trámite de la petición de extradicción por un error gramatical en el apellido. Y cuando finalmente se libró la comisión rogatoria a Francia para interrogarle ya se había producido la prescripción.
LA AUDIENCIA RECONOCIÓ "ERROR JUDICIAL"
La demanda fue sin embargo desestimada por la Audiencia Nacional en 2014, casi cuatro años después, alegando que no se había producido mal funcionamiento de la justicia sino error judicial. Esto impedía que la Administración asumiese su responsabilidad, ya que la ley exige para ello la previa declaración judicial que expresamente reconozca su existencia y da un plazo de solo tres meses para reclamar, dos supuestos que no se cumplían en este caso.
La sentencia de la Audiencia Nacional estipulaba además que los demandantes debían hacerse cargo del pago de las costas judiciales, una reclamación que llegó la pasada semana a la familia mediante un escrito del abogado del Estado.
"NULA SENSIBILIDAD" DE LA ADMINISTRACIÓN
La familia del militar Velasco, cuya viuda, Ana María Vidal-Abarca fue una de las fundadoras de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), ha presentado este martes alegaciones contra esta decisión judicial, según ha explicado la hija a Europa Press.
Para ello alegan que su reclamación contra el Estado se debe a la "inacción de la administración de justicia a la hora de juzgar a unas personas sobre las que existían indicios fundados de haber sido autores del asesinato de su padre y que han quedado impunes por ello".
Ana Velasco ha reconocido que el escrito de la Abogacía del Estado les ha provocado "una desazón horrible" y consideran que demuestra "nula sensibilidad" por parte de la Administración hacia las víctimas del terrorismo, además de un intento de "no asumir su responsabilidad" y "echar balones fuera".
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