Así lo recoge un convenio que han firmado este miércoles la presidenta de la Diputación, Mercè Conesa, y el decano del Icab, Oriol Rusca, en un acto que ha contado con la presencia de la decana electa, Eugènia Gay, que ha garantizado la continuidad del proyecto cuando, en una semana, tome las riendas del colegio.
El servicio se ofrecerá en 22 oficinas de consumo de las comarcas del Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf y Maresme --un área de cerca de millón y medio de habitantes-- a las que los afectados podrán acudir, concertando una cita a través de su ayuntamiento.
Las visitas se podrán concertar hasta diciembre --con excepción del mes de agosto-- y se harán, por tanto, durante cerca de 90 días hábiles hasta finales de año.
Los abogados, además de atender personalmente a los consumidores, les podrán dar información individualizada sobre la justicia gratuita, en el caso de que finalmente decidan acudir a la vía judicial para sus reclamaciones para las cláusulas abusivas de los bancos.
Rusca ha recordado que en Catalunya hay más de 160.000 personas afectadas por las cláusulas suelo, y considera que, con esta iniciativa, se les podrá garantizar una atención "personalizada e individual".
Conesa ha explicado que la institución provincial invertirá algo más de 90.000 euros en este proyecto, y ha anunciado que la intención es ampliarlo a los 311 municipios de la demarcación, para lo que prevén firman convenios con los colegios de abogados de Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa y Vic.
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