Marzo de 2015, 'Operación Barrado', bajo la lupa de la Guardia Civil y de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya , más de 200 personas, el Servicio Andaluz de Empleo y más de una veintena de empresas, según la policía y la juez, recibían decenas de miles de euros de ayudas para la formación, pero apenas contaban con unos cuantos empleados.
La 'Operación Barrado' de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil, conllevó la detención de 16 personas, todos altos cargos de la dirección general de Formación y de las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Su consecuencia fue la imputación de 24 personas por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones. Entre ellos, el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, imputado asimismo en el caso ERE; las ex directoras generales de Formación para el Empleo María Teresa Florido –cuñada del ex consejero Ángel Ojeda, también imputado en otra pieza separada- ; María José Lara; los ex directores generales Manuel Brenes y Andrés Sánchez; ocho ex directores provinciales del SAE y 11 jefes de servicio de Empleo.2.896 millones en el punto de mira
Cientos de personas interrogadas, la mayoría supuestos alumnos falsos de los cursos por los que se recibía el dinero. Y es que entre 2007 y 2013, Andalucía recibió 2.896 millones de euros para formación.
1.155 millones de Bruselas y otros 1.741 del Estado. Según la investigación de la UDEF, que luego pasó a la UCO, unidades ambas de la Guardia Civil, la Junta adelantaba a patronal, sindicatos y empresas de formación el 75% del dinero de los cursos. El 25% restante quedaba pendiente. Y sólo se entregaba tras auditar los cursos. Pero muchas de las empresas nunca lo reclamaron.
La 'Operación Barrado' dirigida por Alaya es una causa que ha significado un azote político desde el PP a la Junta en paralelo al caso de los ERE, aunque con menor intensidad.
Así, en marzo de 2015 la juez acusó a la Consejería de Empleo andaluza de impartir "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales "para que no se controlara el dinero" de la formación, 2.896 millones entre 2002 y 2012.Núñez Bolaños arremete contra Alaya y la UCO
Ahora, la juez María Núñez Bolaños ha rechazado el recurso del PP-A contra su decisión de archivar la pieza 'política' de los cursos de formación y ha acusado tanto a la magistrada Mercedes Alaya como a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de elaborar "teorías sobre conspiración y tramas delictivas" que han sido "avaladas" por el PP-A, lo que ha causado un "daño" a personas "cuya honorabilidad y profesionalidad se ponen en cuestión, viéndose abocadas a defenderse como delincuentes en el proceso".En un auto fechado el día 31 de enero, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla confirma así el archivo de la causa dictado el 11 de octubre de 2016, que ha sido avalado por la propia Fiscalía Anticorrupción, y pone de manifiesto que el PP-A, en su recurso de reforma, "alega tan sólo aspectos formales, sin rebatir ni una sola de las cuestiones jurídicas esgrimidas como fundamento del sobreseimiento y archivo" de la investigación.Para Alaya, una red de clientelismo político
En la pieza política la juez Alaya acusaba a la Junta de Andalucía de crear "una red de clientelismo político" a través de los cursos de formación que subvencionó. Esa fue la grave afirmación que incluía la magistrada en alguna de las imputaciones de los altos cargos de la Junta que fueron detenidos en la Operación Barrado, dentro de la investigación que dirigía, aunque posteriormente fueron puestos en libertad, la juez consideraba que desde la Consejería de Empleo andaluza se impartían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales "para que no se controlara el dinero".
Es decir, Alaya estimaba que existía una intencionalidad por parte de la cúpula de Empleo para que las empresas, que recibían subvenciones año tras año para impartir los cursos de formación, estuvieran exentas de su obligación de justificar las ayudas recibidas.
La fórmula empleada fueron las exoneraciones, cuya legalidad defendía la Junta, y que permitían a las empresas recibir nuevas subvenciones sin haber justificado las del año anterior, dada la falta de funcionarios para fiscalizarlas. "Se habla de una orden de arriba en la consejería para facilitar el clientelismo", explicaban entonces fuentes del caso.Hacer la 'vista gorda'
Los técnicos que ejercían las labores de vigilancia desde la Dirección General de Formación afirmaban por aquella época, que desconocían que existiera esa intencionalidad para hacer la vista gorda, pero sí admitían que en ocasiones no se realizaban ciertas visitas a las empresas por falta de presupuesto en la consejería para gasolina y dietas.El traslado de Alaya, lo cambió todo
Pero el traslado de Alaya del juzgado de instrucción a la Audiencia Provincial de Sevilla lo cambió todo. Su sustituta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que asumió el caso, decidió 'trocearlo'.
Así, contra el criterio de la juez Alaya, el auto de 21 de diciembre de 2015 emitido por la nueva titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla accedió a la pretensión de la Fiscalía Anticorrupción y troceó esta macrocausa en nueve piezas separadas:
1) La relativa al ex consejero Ángel Ojeda (más de 33,3 millones de euros), caso Delphi incluido.
2) El caso Velasco, número 2 de José Antonio Griñan forzado a dimitir por los cursos subvencionados a la empresa de su esposa.
3,4,5,6) Los casos irregulares observador en cuatro consorcios de la Junta (Ciomijas, Formades, Forman y CTI).
7) Caso relativo a las subvenciones recibidas por el conglomerado del empresario Pérez González
8) Caso de la gestión de fondos de la Fundación Pública Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe)
9) Caso de la gestión de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), considerada la causa política puesto que era este servicio de la Junta quien controlada el conjunto de las subvenciones sufragadas con dinero de la Junta.Alaya advirtió al CGPJ sobre el 'troceamiento' de la causa
La juez Alaya ya avisó, al producirse este 'troceamiento' de la causa, que la misma 'moriría' al hacer ésto y lo expresó en un informe remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). para mercedes Alaya, el troceo del caso de la formación conduciría a dar relieve a los árboles perdiendo de vista el bosque y su consecuente tratamiento no como trama organizada para delinquir sino como acumulación de irregularidades administrativas.
Así lo dijo: "La división de los cursos respecto de la investigación de la Delegación provincial de Empleo y el servicio central pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas". Lo cierto es que Alaya lo clavó.
Igualmente, en este escrito al CGPJ, Alaya puso en duda la idoneidad de su sustituta, María Núñez, para llevar adelante el caso de los cursos de formación: "Las máximas de seriedad y rigor necesario no se dan en María Ángeles Núñez frente a la experiencia y los resultados que humildemente, pero también de manera innegable, avalan mi trayectoria".
Eso dijo Alaya en su informe al CGPJ y añadió su inquietud por la amistad de su sucesora con el Consejero de Justicia e Interior de Andalucía, Emilio de Llera, que atacó en reiteradas ocasiones a la juez Alaya y sugirió un parecido entre Hitler y los jueces que quieren ser independientes. Alaya le llamó, recuérdese, "notorio detractor" de su labor.
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