Así es el juez Álvaro Martín que juzgará a Cháves y a Griñán por los ERE

El juez Álvaro Martín, que investiga el caso de los ERE fraudulentos y ha dictado auto de procedimiento abreviado contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, será el encargado de juzgarlos.

Nacido en Cáceres hace 46 años, Martín preside desde marzo de 2014 la Asociación Profesional de Magistratura (APM) en Andalucía. Este organismo, de perfil ortodoxo, pugna por la despolitización de la Justicia.

El magistrado también integra la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que forzó la salida de la jueza Mercedes Alaya del juzgado y facilitó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le revocara finalmente de su función para instruir la causa de los ERE.

En verdad, Martín, desde septiembre de 2013, ya venía realizando funciones de juez de refuerzo cuando la propia Alaya estaba al frente del Juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.

En la mencionada APM ocupa un rol muy activo, no solo por ser su presidente, sino porque intenta trasladar permanentemente a los demás integrantes un pensamiento muy concreto que tiene sobre la Justicia: cree que debe ser eficaz y que los procedimientos no deben dilatarse. Por eso ha criticado con dureza, ante su círculo más íntimo, a Alaya. En más de una ocasión ha comentado que la demora en la resolución del expediente de los ERE era injustificable.

Otra cuestión que define al juez Martín es que rechaza profundamente lo que él considera como un "acoso" desde la esfera política a los magistrados de este país.

Una de las iniciativas que el juez apoya con fervor es cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Lo que pretende es que no sean seleccionados para las Cortes Generales por los partidos políticos. Considera que, de ese modo, se politiza aún más la imagen del sistema judicial que tiene la sociedad. Por este motivo pretende que sean elegidos por los propios jueces y magistrados.

A Álvaro Martín no le tiembla el pulso (ni la voz) a la hora de pronunciarse y actuar cuando lo cree oportuno. En más de una ocasión ha cuestionado las inmensas trabas que la Junta de Andalucía ha puesto para que la investigación judicial del caso de los ERE no avance. Entre otras cosas, por ejemplo, criticó con dureza la demora del Gobierno andaluz para designar funcionarios que se encargaran de la digitalización de los gruesos expedientes sobre el caso de los ERE.