Anticorrupción, a favor de que el socio de Deloitte declare como investigado por la salida a Bolsa de Bankia

La Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado a favor de que el socio de Deloitte y auditor de Bankia y su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Francisco Celma, declare en calidad de investigado en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011, según informaron a Europa Press fuentes fiscales.

El Ministerio Público se ha expresado así después de que el juez de la Audiencia Nacional le preguntara sobre la petición efectuada por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y el colectivo 15MpaRato, que solicitaban el interrogatorio como investigados de Celma y la auditora al considerarles "responsables directos" del "masivo fraude" perpetrado en el debut bursátil.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 tendrá que decidir si vuelve a interrogar a Celma, después de haberle tomado declaración en febrero de 2013 como testigo, una condición que le obligaba a decir verdad y le privaba de estar acompañado de su abogado de confianza.

La CIC, presidida por Gonzalo Postigo, ha solicitado esta diligencia después de que los peritos judiciales hayan ratificado que la operación de salida a Bolsa fue un "fraude" y al entender que la compañía auditora y su socio son "directamente" responsables de que cientos de miles de inversores concurrieran a la Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) sobre la base de unas cuentas que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad, a pesar de que tenían información más que suficiente para saber que los estados financieros aprobados y publicitados contenían "importantes errores contables".

La acusación popular considera que Deloitte es igualmente responsable de haber avalado las cuentas reformuladas en mayo de 2012, que también tenían "errores contables" y que los peritos Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras calificaron en su dictamen complementario de "inexplicables, sorprendentes y contrarios a la normativa nacional e internacional".

En contra de las razones esgrimidas por el equipo gestor del banco, señala que ninguna entidad española reformuló sus cuentas del ejercicio de 2011 a causa de la crisis económica ni de los reales decretos 2/2012 y 18/2012 ni por los informes de organismos internacionales.

La CIC añade que ni Celma ni Deloitte han dado una explicación "mínimamente convicente" sobre su negativa a emitir el informe de auditoría de las cuentas formuladas por BFA-Bankia en marzo 2012 en el plazo legal establecido en abril de 2012.

DECLARACIONES DURANTE LA INSTRUCCIÓN.

La acusaciones, que ya solicitaron hace un año esta diligencia, fundamentan también su petición en la declaración de la exconsejera de Bankia e integrante de la Comisión de Auditoría Araceli Mora, que dimitió en la mañana del 25 de mayo de 2012 para no tener que aprobar las cuentas reformuladas.

Mora defendió ante el juez la coherencia del primer balance y señaló que el 3 de mayo, tras enterarse por el periódico de que éste había sido aprobado sin el informe de la auditora, telefoneó a Celma para pedirle explicaciones. "Tú sabrás, que estáis de negociaciones", le contestó el auditor, según fuentes presentes en la declaración de la exconsejera.

En la declaración judicial que prestó el 20 de febrero de 2013 ante el juez Andreu, Celma aseguró que en marzo del año anterior advirtió a la dirección de Bankia de que existían "dudas razonables sobre la viabilidad futura del grupo" y que, a su juicio, el plan de capitalización que aprobó el Banco de España en abril tampoco garantizaba su solvencia, informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.

El testigo, que permaneció declarando durante más de cinco horas, defendió que la auditora fue avisando puntualmente de la situación en que se encontraba el grupo financiero, lo que contradice tanto la versión aportada por Rato como por el resto de exconsejeros de la entidad, que apuntaron que sólo se realizaron objeciones a la situación del Banco Financiero de Ahorros (BFA).

El representante de la firma, que se encargó de la auditoria externa para Bankia y BFA, explicó que no avaló las cuentas de Bankia en 2011 que presentó el equipo de Rodrigo Rato porque habría sido ilegal, ya que no le llegaron firmadas por los miembros del Consejo de Administración.

"No se pudo emitir informe de auditoria hasta el 25 de mayo de 2012, cuando se presentaron las cuentas formuladas y firmadas", dijo, para negar que hubiera trasladado a la consejera Araceli Mora que Rato estuviera negociando soluciones a la situación de la entidad, como ésta aseguró ante el juez.

CASO BANKIA.

En el marco de la causa, abierta tras las querellas presentadas en junio de 2012 por el colectivo '15mpaRato' y UPyD --que se ha retirado del caso--, los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, ratificaron el pasado 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, presentaba pérdidas desde dos años antes, y la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su "imagen fiel" a los inversores institucionales y a los accionistas minoritarios.

En julio de 2012, Andreu imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del Consejo de Administración, así como a Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

El juez Andreu acordó en noviembre de 2015 aumentar hasta los 38.290.648 euros la fianza en concepto de responsabilidad civil impuesta a la entidad financiera, su matriz BFA, el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el antiguo consejero delegado Francisco Verdú y el que fuera consejero ejecutivo y secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella.