Anulan prisión domiciliaria a emblemático represor de dictadura argentina

Un tribunal argentino anuló este miércoles el beneficio de la prisión domiciliaria al emblemático represor Miguel Etchecolatz, que cumple condena a perpetuidad en una cárcel por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura (1976-1983), informó una fuente judicial.

La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal en Argentina, anuló la prisión domiciliaria del condenado exjefe policial que había concedido un tribunal de menor instancia en agosto.

Ese privilegio provocó la ira de grupos defensores de los derechos humanos e incluso críticas del gobierno del presidente Mauricio Macri.

Etchecolatz, de 87 años, está detenido en el penal de Marcos Paz, 50 km al oeste de Buenos Aires.

El fallo del miércoles ordena que se dicte una nueva resolución tomando en cuenta informes médicos de peritos oficiales, dice la decisión firmada por Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. El tercer miembro de la sala de Casación, Juan Carlos Gemignani, votó en disidencia, al pronunciarse en favor de ratificar la prisión domiciliaria.

Los jueces sostuvieron que las patologías que presenta Etchecolatz "pueden ser tratadas dentro de la unidad de detención donde se aloja".

Etchecolatz fue Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre marzo de 1976 y fines de 1977. Estuvo a cargo de los 21 campos clandestinos de detención que funcionaron en esa provincia, la más grande del país, donde se contabilizaron la mayoría de los 30.000 desaparecidos de Argentina, cifra oficial de los organismos de derechos humanos.

Fue juzgado por primera vez tras recuperarse la democracia en 1983, y en 1986 fue sentenciado a 23 años de cárcel pero la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia por la aplicación de la amnistía otorgada en la llamada Ley de Obediencia Debida.

También fue acusado por la apropiación de la hija de una pareja de desaparecidos, y recibió una condena que cumplió en casa tras alegar problemas de salud.

En 2006, cuando se reanudaron los juicios por los crímenes de la dictadura, se le revocó ese privilegio al constatarse que poseía un arma en su casa.

Desde ese mismo año, los organismos humanitarios han luchado para que los condenados y procesados por crímenes de lesa humanidad cumplan "cárcel común y efectiva".

Los presos mayores de 70 años tienen en Argentina derecho a la prisión domiciliaria por razones de salud, pero no se aplica de manera automática.

De los 1.056 detenidos por crímenes durante la dictadura (condenados y procesados), 568 están en la cárcel (54%) y 462 en prisión domiciliaria (44%), según un informe de julio de la Procuraduría por Crímenes de Lesa Humanidad. El resto está hospitalizado o en otras dependencias.