Las Cortes de Castilla y León, con el voto en contra de Ciudadanos y la abstención del procurador de UPL, han respaldado la Ley por la que todas las gasolineras deberán contar con al menos un trabajador en el tiempo que permanezcan abiertas para garantizar así la atención a personas con algún tipo de discapacidad y mejorar la cifra de empleos en el sector, una norma que excluye a las cooperativas agrarias siempre que atiendan a sus asociados y no ofrezcan combustible al público general.
La nueva normativa modifica la Ley por la que se aprobó el Estatuto del Consumidor y se ha impulsado a instancias del Grupo Parlamentario Popular con el objetivo, como ha explicado el procurador Salvador Cruz, de establecer garantías, "mejorar" la protección de los usuarios y la accesibilidad, además de actuar de forma "responsable" con el empleo.
Cruz ha explicado que las estaciones de servicio deberán tener al menos a un responsable de las instalaciones debidamente formado durante todo el horario en el que permanezcan abiertas, así, ha recordado que la norma establece una moratoria de tres meses para que todos los centros se adapten a la misma.
El procurador 'popular' ha insistido en su intervención en que las cooperativas agrarias están exentas en el cumplimiento de la normativa siempre que den servicio a sus asociados, algo que, a juicio del procurador de UPL, Luis Mariano Santos, no queda claro en esta Ley por lo que "dañará", a su juicio, al mundo rural, motivo por el que finalmente se ha abstenido en la votación.
Por su parte, el procurador de Ciudadanos David Castaño ha incidido en que su grupo no puede apoyar una Ley que, según su lectura, es "contraria a derecho", ya que la normativa estatal básica establece tres tipo de instalaciones de hidrocarburos que son "las atendidas, autoservicio y desatendidas".
Así, ha considerado que con esta normativa las nuevas gasolineras denominadas 'low cost' pierden "su razón de ser".
EL SECTOR EN CyL
En concreto, se estima que en torno a 60 estaciones de servicio de 1.305 no están atendidas por ningún personal, por lo que esta obligación incluye como beneficio "mayores garantías de seguridad y de protección del medio ambiente", como ha destacado la procuradora 'popular' Irene Cortes, desde el convencimiento de que la presencia de al menos un empleado ayuda a garantizar el correcto suministro de unos "productos peligrosos y contaminantes".
Tras reconocer que otras comunidades autónomas ya han dado pasos en este mismo sentido, el PP ha detallado que esta norma sólo afectará a las estaciones de servicio de venta al público que han proliferado en los últimos años principalmente en las zonas urbanas de Castilla y León, y, ante la insistencia de los grupos, Cortes ha reiterado que no afecta las cooperativas agrarias.
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