La sesión estaba prevista para el martes, pero se suspendió por los disturbios que se desataron durante la marcha opositora por Caracas por el bloqueo de las fuerzas de seguridad. Decenas de personas resultaron heridas por el uso de balas de goma, gas lacrimógeno y cañones de agua, incluidos siete agentes por las piedras lanzadas por los manifestantes.
Los diputados se citaron para las 9.30 (hora local) del miércoles pero han llegado horas antes para evitar cualquier inconveniente en su camino hacia al Parlamento y garantizar el quórum para poder abordar la "ruptura del orden constitucional" y votar el cese de los miembros del alto tribunal.
"Aquí estamos todos los diputados de la Unidad Democrática llegando a la Asamblea Nacional y de aquí no nos saca nadie porque vamos a sesionar desde el Palacio Federal", ha dicho Tomás Guanipa, representante caraqueño del partido opositor Primero Justicia, según informa el diario venezolano 'El Nacional'.
El coordinador nacional de Voluntad Popular y primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, ha afirmado que el TSJ ha perpetrado un "golpe de Estado" a pesar de que revocó dichos fallos. "Este tribunal golpista tiene tiempo asumiendo las funciones de la Asamblea Nacional", ha esgrimido.
En la misma línea se ha pronunciado el ex presidente del Congreso Henry Ramos Allup, que ha hablado de un "autogolpe continuado". En su opinión la ofensiva del Gobierno contra el Parlamento comenzó el 6 de diciembre de 2015, cuando la Mesa de Unidad Democrática (MUD) se hizo con la mayoría parlamentaria, por primera vez en 16 años.
Los magistrados titulares y suplentes del TSJ fueron designados 'in extremis' por la mayoría 'chavista' en el periodo interino que transcurrió entre las elecciones legislativas y la toma de posesión de los nuevos diputados, el 5 de enero de 2016. De esta forma, el oficialismo se aseguró el control del alto tribunal.
El TSJ es una institución clave en la actual coyuntura política venezolana porque la Constitución le otorga el papel de árbitro entre los poderes del Estado. En el primer año de control opositor, el Supremo se ha posicionado siempre a favor del Gobierno, salvo en un borrador sobre el uso de teléfonos móviles en las cárceles.
CRISIS INSTITUCIONAL
El TSJ ratificó la semana pasada que la Asamblea Nacional estaba en "desacato", advirtió a los diputados de que, en consecuencia, cualquier acto que realizarán estaba exento de la protección que concede la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias de la sede legislativa hasta nuevo aviso.
El Parlamento denunció un "golpe de Estado" por parte del Gobierno de Nicolás Maduro e incluso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, --una fiel 'chavista'-- advirtió de que dicho fallos suponen una "ruptura del orden constitucional". En la misma línea, los países regionales y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación por lo que consideraron una vulneración de los principios democráticos.
En un principio, el Gobierno se limitó a emitir un comunicado en el que denunció una "arremetida" de "la derecha intolerante y pro imperialista dirigida" por Estados Unidos para "atentar contra el Estado de Derecho" a través de "falsedades e ignominias", pero finalmente convocó al Consejo de Defensa Nacional, que ordenó al TSJ dar marcha atrás.
El TSJ ha cumplido las órdenes del Palacio de Miraflores y ha emitido dos "aclaraciones" que devuelven sus poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados, con lo que Maduro ha dado por superado este "impasse en los poderes públicos". Sin embargo, para los críticos esta sucesión de hechos confirma que el Gobierno controla las demás instituciones venezolanas.
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