De esta forma, la sala ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por Fiscalía, EUPV y PSOE contra el auto del juzgado de Instrucción número 6 de Alicante que el pasado 12 de mayo sobreseyó una causa cuyo origen se remonta a 2007, a raíz de las primeras investigaciones en el 'caso Brugal', y en la que se habían investigado delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho impropio.
El tribunal ha asumido los argumentos del juzgado de instrucción al considerar que no ha quedado suficientemente justificada la comisión de delitos durante la tramitación del Plan Rabasa, lugar en el que se prevía la instalación de un centro de la multinacional sueca Ikea.
Así, la sala considera que, de las transcripciones de conversaciones grabadas a Ortiz por la Policía y aportadas a la causa por la acusación pública, aunque en un principio pudiera existir "sospechas de un trato de favor" respecto al constructor, debido a su "especial ascendencia" con algún miembro de la corporación local, "no se desprende la realidad de presión alguna sino, a lo sumo, un interés en acelerar algunos trámites urbanísticos que, a la vista está, no se tramitaron con la inmediatez que deseaba".
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