Faya, que se negó a declarar ante el juez el pasado mes de mayo, presentó una querella ante la Fiscalía Anticorrupción contra el que fuera embajador de España en la India y el exdiputado por Segovia, además de otras seis personas, por los presuntos delitos de integración en organización criminal, corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho y blanqueo de capitales.
Según un informe de la UCO al que ha tenido acceso Europa Press y que obra en una pieza separada del sumario, agentes de la Policía Nacional requisaron en el registro del domicilio de Faya copias de facturas emitidas por las empresas que los dos políticos administraban por un valor total de 500.000 euros.
Se trata de recibos emitidos por Karistia SL, de la que Arístegui aparece como único administrador, a Scardovi SL, sociedad de De la Serna, en concepto de asesoramientos a empresas españolas de las que actuaban como intermediarios entre los años 2011 y 2014.
De la Mata amplió la causa el pasado mes de abril después de que la Fiscalía aumentara su querella por supuestos pagos a funcionarios públicos de Argelia relacionados con un contrato para la instalación de una estación desaladora y otro para las obras del tranvía por una empresa en el país africano.
Las dos obras fueron adjudicadas a la empresa Internacional de Desarrollos Energéticos y Elecnor, a través del grupo Voltar Lassen, que dirigían los dos políticos, con la actuación del agente externo Cristóbal Tomé Becerra. Contratos como el incautado en el domicilio de Faya le convertían en un agente comercial de los dos políticos, complementándose con un anexo por cada empresa conseguida como cliente.
FINALIDAD DE LOS ACUERDOS
Según el informe de la UCO, "llama la atención" que Faya consiguiera como cliente a Internacional de Desarrollo Energético SA teniendo en cuenta que se trata de una empresa "con amplio negocio en el exterior". El escrito incorporado al sumario defiende que la actividad internacional del Grupo Elecnor estaba "ampliamente consolidada" con anterioridad a establecer relaciones comerciales con Arístegui y De la Serna.
Añade que los acuerdos firmados entre las partes ponen de manifiesto que la relación establecida "no tuvo como fundamento la internacionalización de la empresa". Las pesquisas precisan que este proyecto se ubica en mayo de 2008 y está dotado de una inversión de 257 millones de euros, mientras que el acuerdo firmado con Karistia y Scardovi es de un año posterior en 2009, cuando anunciaron la contratación de proyectos en Argelia y Brasil.
Con todo, el instructor ve indicios de que se organizó una trama dedicada a "recibir dinero de distintas empresas españolas en atención a su función pública, con la promesa de intermediar para conseguir contratos en el extranjero; abonar sobornos y comisiones a funcionarios extranjeros para conseguir adjudicaciones de contratos y quedarse para sí importantes comisiones de éxito premio por el buen fin de las gestiones".
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