La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha aplazado el juicio que tenía previsto celebrar este miércoles contra el Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la sobrecarga de trabajo en los juzgados, a la espera de que el órgano de gobierno de los jueces elabore un informe provisional sobre este problema.
El Ministerio y el Consejo del Poder Judicial han llegado a este acuerdo con Jueces para la Democracia, que presentó esta demanda pionera por conflicto colectivo, a la que se han adherido el resto de asociaciones judiciales, la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente.
Esperan que el CGPJ tenga su análisis sobre las cargas de trabajo en los órganos judiciales listo para la primera quincena de julio y que, durante la siguiente, pueda celebrar una reunión con las asociaciones en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial.
Los demandantes denuncian que la normativa sobre riesgos laborales fue aprobada en 1995 y no fue hasta 2015 cuando el CGPJ aprobó un Plan de Prevención para este colectivo, que reúne a más de 5.000 profesionales. Sin embargo, advierten de que el Consejo no lo ha implementado todavía, pese a reconocer el estrés y el "riesgo psicosocial" que provoca el exceso de trabajo.
Por ello, Jueces para la Democracia volvió a presentar el pasado abril esta demanda, que interpuso en un primer momento en 2014, al constatar "la falta de eficacia del plan de prevención de riesgos laborales".
Solicitan que la Audiencia Nacional declare el incumplimiento por parte del CGPJ de las obligaciones del Plan de Prevención de Riesgos Laborales previsto para el periodo 2015-2016 y que le condene a "la inmediata regulación de la carga de trabajo" de los jueces a efectos de salud laboral.
ESTRÉS Y CARGA MENTAL
JpD ha acompañado su demanda de un informe pericial del catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Jaén, Cristóbal Molina Navarrete, que arroja una valoración negativa después de que varias estadísticas del Consejo y del Instituto Nacional de la Seguridad Social hayan puesto de relieve que el 70 por ciento de los jueces tienen sobrecarga, que esta ha llegado a sobrepasar en un 150% la recomendable, y que este sector soporta una excesiva carga mental.
La carga de trabajo debería ser fijada, según los demandantes, teniendo en cuenta criterios personales del juez como "la penosidad del destino, la complejidad litigiosa, la experiencia en el órgano, la necesidad de conciliar el trabajo con la vida familiar y personal, problemas estructurales del juzgado, reformas legislativas y otras análogas".
Reclaman al Ministerio que actúe como "miembro de la comisión de seguimiento del sistema de prevención de riesgos laborales para los miembros de la Carrera Judicial". La decisión de incidir en esta demanda se produjo después de que transcurriera un año desde que el CGPJ aprobara la elaboración de unos nuevos módulos de rendimiento para determinar la carga de trabajo en los juzgados a los efectos de la salud y seguridad de los jueces.
Según los resultados obtenidos de "la encuesta de ámbito nacional de todos los jueces o magistrados en servicio activo de 2015" promovida por el CGPJ, un 70 por ciento de los encuestados considera que su carga de trabajo habitual es excesiva.
Un informe del propio CGPJ de septiembre 2014, basado en mediciones de las cargas de trabajo de entrada de juzgados y tribunales durante el año 2013, apuntaba que el 43,53 por ciento de los órganos judiciales superan el 150 por ciento de las cargas de trabajo razonables, y que un 23,64 por ciento se sitúa por debajo del cien por cien, por lo que hay otro 32,83 por ciento que se halla entre el cien por cien y el 150 por ciento.
Estos valores evidencian que una mayoría "alarmante" del 76,36 por ciento, de los jueces de este país ejercen sus funciones jurisdiccionales en condiciones "tóxicas" desde un punto de vista psicosocial, dice JpD.
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