La Audiencia Provincial reabre el caso de las retribuciones millonarias a exdirectivos de Caja Segovia

La nueva decisión de la Audiencia segoviana guarda relación con la sentencia del Tribunal Supremo que ha impuesto dos años de prisión a exdirectivos de NovaCaixaGalicia por haber cobrado indemnizaciones millonarias de esa entidad, como han destacado tanto desde Izquierda Unida como desde la asociación Centrados en Segovia, heredera de UPyD.

El coordinador provincial de la coalición de izquierdas, José Ángel Frías, ha cuestionado si la decisión demuestra que en su momento fallaron los "mecanismos de control" que debieran haber determinado la comisión de un delito o si habrá entrado en juego una normativa europea cuyo espíritu determina que "no hace falta incumplir una norma para cometer un delito", sino únicamente demostrar que se ha cometido un perjuicio a la sociedad.

Frías también ha recordado que las cuentas de Caja Segovia en torno al año 2010 no apuntaban que fuera posible aprobar retribuciones por esas cantidades y ha incidido en que esta decisión puede tener repercusión en otros procesos judiciales del país. Izquierda Unida es una de las acusaciones personadas en el proceso.

Por su parte, el presidente de Centrados en Segovia, Juan Ángel Ruiz, ha mostrado el "orgullo" y la "ilusión" del colectivo que encabeza por este giro de los acontecimientos y ha depositado sus "esperanzas" en el caso de NovaCaixaGalicia. De este modo, ha valorado que se abra una "nueva puerta" a la investigación.

Asimismo, Ruiz ha agradecido el trabajo de quienes desde UPyD denunciaron los hechos en su momento, a los trabajadores de Caja Segovia que emitieron un mensaje "anónimo" a la formación magenta, así como al resto de acusaciones particulares que han seguido en el proceso tras la disolución del partido.

Todo apunta a que continuarán las actuaciones, pese a que el titular del número dos especificó en su auto que el Código Penal no recogía ningún tipo delictivo aplicable a este caso y que el acuerdo del Consejo de Administración en torno a las retribuciones fue legal, aunque pudiera ser objeto de debate moral o ético, lo que le corresponde a la sociedad y no al tribunal, según aquel documento.