La decisión judicial es un "varapalo para las familias y para la Asociación Recuerdo y Dignidad ya que, el Juzgado había llegado a emitir sendos oficios al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Burgos y, al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, solicitando un experto en antropología forense para llevar a cabo la exhumación de los restos mortales descubiertos", explica el colectivo.
"El INTCCFF llegó a contestar ofreciéndose a realizar el estudio antropológico y, si se considera necesario, el estudio genético de dichos restos", añaden. Así mismo "se había ordenado a la Guardia Civil la vigilancia y conservación de la fosa", hasta que se produjera la diligencia de "levantamiento y exhumación".
"Una vez más, la Justicia vuelve a dar la espalda a las víctimas con el plus de aflictividad de que se produce en un proceso que buscaba la exhumación de los restos mortales de sus familiares desaparecidos. Tras esos primeros inicios ordenando diligencias, el cambio radical de rumbo en la causa vino de la mano del informe de la Fiscal Jefe de Soria solicitando el sobreseimiento y archivo de las diligencias a pesar del ofrecimiento del Instituto de Toxicología de Madrid", insisten desde Recuerdo y Dignidad.
En un primer momento la Fiscalía había pretendido que la exhumación se produjera conforme a lo previsto en la Ley de Memoria Histórica y en el acuerdo del Consejo de Ministros respecto al procedimiento a seguir en las exhumaciones. "Así pues, la solicitud de sobreseimiento de la Fiscal Jefe vino a dar al traste con el primer informe del fiscal adscrito al caso y desencadenó un cambio de criterio en el Juzgado que decidió dar marcha atrás en la línea seguida por el juzgado de Almazán anteriormente", agregan.
La Asociación recuerda que la Fiscalía se rige por criterios de jerarquía y que el Fiscal General del Estado, su máxima autoridad, "es nombrado por el Gobierno, recayendo actualmente este honor en un conocido en los ámbitos de la memoria histórica: José Manuel Maza Martín quien, siendo magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo emitió el voto particular contra la absolución del Juez Baltasar Garzón en el caso de los crímenes del franquismo".
ASESINATOS PRESCRITOS
Los argumentos para desestimar el recurso esgrimidos por la Audiencia Provincial ya son conocidos por Recuerdo y Dignidad y el resto de organizaciones de derechos humanos que buscan justicia para las víctimas del franquismo.
Entre ellos se citan la sentencia del Tribunal Supremo del juicio contra el juez Baltasar Garzón por abrir la causa sobre víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, y el auto también del Tribunal Supremo sobre cuestión de competencia en este tipo de delitos, repitiendo punto por punto los argumentos en ambas resoluciones: que son asesinatos prescritos, que no pueden juzgarse retroactivamente los crímenes contra la humanidad, que los responsables serían centenarios, que se les aplicaría la Ley de Amnistía o que existe una Ley de Memoria Histórica.
Gran parte de esos argumentos ya se rebatían en la propia denuncia inicial aludiendo al carácter "imprescriptible, inamnistiable e inindultable" de los crímenes contra la humanidad. "Crímenes, que en el caso de las víctimas del franquismo, se siguen cometiendo a día de hoy al no dar el Estado cuenta del paradero de las víctimas y continuar desaparecidos para sus familias. Además se apela, desde la hipótesis, a la edad de los posibles culpables, sin hacer investigación alguna y se consideran asesinatos (prescritos) la desaparición de decenas de miles de personas en las mismas condiciones", subraya Recuerdo y Dignidad.
SACARÁN LOS RESTOS DE LA FOSA
Independientemente del debate legal, "las víctimas del fascismo español se encuentran ante un desamparo total por parte de todos los poderes e instituciones del Estado, siendo España el único país donde los familiares de los civiles desaparecidos, ayudados por asociaciones de voluntarios, tienen que averiguar el paradero de sus seres queridos, localizar sus restos mortales y exhumarlos para poder darles un entierro digno", critica el colectivo.
En este caso, Recuerdo y Dignidad, después de atender a las familias, recoger sus testimonios, investigar en archivos y pueblos, localizar el paradero de sus familiares desaparecidos, solicitar todos los permisos para la exhumación y llevar a cabo las denuncias oportunas, será la que organice y busque la financiación para poder exhumar los restos mortales descubiertos, identificarlos y "darles un entierro digno donde deseen sus familiares".
Con ese fin, se organizará una campaña de captación de fondos y se contará con la ayuda de la Fundación Aranzadi.
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