El fallo exonera al que fuera número dos de la exalcaldesa 'popular' Sonia Castedo, al que se le imputaban los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental por los que el fiscal pedía una pena de hasta tres años de prisión, inhabilitación para el empleo o cargo público y multa de 2.160 euros. También quedan absueltos el exjefe de Atención Urbana, otros dos técnicos municipales y el gerente de la empresa adjudicataria de los trabajos, Coinger.
Según la resolución judicial de la Sección Décima, no ha quedado probado que se actuara de forma ilícita cuando contrataron con la mercantil las obras de rehabilitación, pese a adjudicarlas después de su inauguración.
Así, explica que "no consta que las irregularidades en la adjudicación del contrato de las obras modificadas tuvieran por objeto otra intención que la de acelerar la tramitación con el fin de evitar la paralización de la obra, ni tampoco que se produjera perjuicio alguno al patrimonio municipal o a otras posibles empresas que pudieran haber aspirado a la contratación".
Durante el juicio, celebrado a principios del pasado mes de junio, Llorens alegó que la adjudicación de la ampliación de la plaza Magallanes, en mayo de 2009, dos meses después de finalizar las obras, se otorgó a la única empresa que se presentó --Coinger--, que con ello no se perjudicaba a ninguna otra empresa, que supuso un ahorro del 30 por ciento del coste final y que solucionaba los problemas de seguridad de la zona.
La sentencia refleja en este sentido que no se ha demostrado que la voluntad del exedil, "a quien se imputa la iniciativa en la decisión sobre la realización de la obra al margen de los procedimientos legales", fuera otra que "satisfacer el interés vecinal", aunque fuera "a costa de una ortodoxa tramitación del contrato de adjudicación, probablemente apremiado por la voluntad de una rápida finalización de la obra, como el propio concejal vino a reconocer al hacer uso de su derecho a la última palabra".
Además, considera que tampoco se ha señalado ninguna relación entre la adjudicataria y el resto de acusados "que sugiera la existencia de un trato de favor hacia la misma que pudiera estar fundado en razones personales o económicas".
"SIETE AÑOS MUY DUROS"
Tras conocer la resolución judicial, Andrés Llorens ha manifestado a Europa Press que han sido "siete años muy duros", pero que "por fin" la justicia le ha dado "nuevamente la razón" al confirmar que actuaron "con honestidad" y "en beneficio de los vecinos del barrio de la Florida".
Por último, ha expresado su satisfacción y ha manifestado que era "el resultado que esperaba, porque no podía ser de otra forma".
La imputación en este caso supuso la salida de Llorens de la vida política, tal como reconoció durante una de las sesiones del proceso en la que tachó la denuncia contra él --que partió de la exedil socialista Carmen Sánchez Brufal-- de estar "politizada".
En la actualidad, Llorens también está implicado como investigado (antes imputado) en dos procesos judiciales más: el que se sigue para investigar presuntas irregularidades en la adjudicación de la contrata de infraestructuras para actos festivos del Ayuntamiento de Alicante a la empresa Isjoma y el que investiga una presunta trama de sobornos en las obras del conocido como 'Plan E'.
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