El juez eleva a la Audiencia la cuarta pieza de Invercaria por las ayudas a FIVA para su enjuiciamiento

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a Europa Press de que el juez Juan Gutiérrez Casillas ha elevado a la Audiencia Provincial de Sevilla el procedimiento de la sociedad mercantil FIVA, donde están acusados los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, entre otros.

Esta pieza será ahora repartida entre las distintas secciones penales de la Audiencia --todas menos la Tercera, que ha sido la encargada de resolver los recursos de apelación presentados en la causa-- en virtud del turno específico establecido para las causas de especial complejidad, que son aquellas que superan los 3.000 folios --sin contar los anexos documentales-- o que tienen ocho o más intervinientes personados, sin incluir a la Fiscalía.

En su escrito de acusación relativo a FIVA, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción pide 19 años de cárcel y 47 años de inhabilitación para Pérez-Sauquillo por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios, falsedad en documento mercantil y delito de contrato simulado.

Asimismo, Anticorrupción reclama seis años y medio de prisión y 16 años de inhabilitación para Laura Gómiz por un delito de contrato simulado en concurso con delitos de prevaricación y malversación.

De igual modo, pide penas de entre 16 años y medio de cárcel y cuatro años de prisión para los otros diez procesados, como son el exdirector financiero de Invercaria Antonio Nieto Garrido; el representante de Novasoft Francisco José Barrionuevo, y los representantes legales de Innovaes, Juan Antonio Bardón, y de Grupo Imagen, Francisco Gallardo Hill.

INDEMNIZACIÓN DE 1,3 MILLONES

El Ministerio Público, que pide que los 12 procesados indemnicen a Invercaria con 1.365.000 euros, acusa también a los consejeros de Invercaria Juan Vela Quiroga, Ramón Martín López, Isabel de Haro Aramberri, Bienvenido Martínez y Jacinto Cañete, y a Mariano Pérez-Sauquillo, hermano del expresidente de Invercaria.

Así, relata que fue el 29 de junio de 2006 cuando el consejo de administración de Invercaria aprobó la operación de financiación en FIVA, todo ello después de que Pérez-Sauquillo señalara que el Comité de Inversiones había analizado y evaluado positivamente "a sabiendas que no existía tal análisis ni evaluación".

En su escrito, manifiesta que la constitución de FIVA se recoge en escritura pública de 13 de noviembre de 2006 con un capital social de 30.000 euros dividido en 30.000 participaciones de un euro de valor nominal cada una de ellas, de las que Invercaria tenía inicialmente 12.000 participaciones, Grupo Imagen y Corporación Gráfica para el Desarrollo del Sector 7.500 cada una de ellas, y Novasoft otras 3.000.

La Fiscalía asevera que "las decisiones de toma de participación, concesión de préstamos, asistencias financieras y gestión y administración" de FIVA por parte de Invercaria "fueron realizadas por los encausados sin sujeción al marco normativo y procedimental aplicable".

Con ello, los acusados "permitieron un ilícito enriquecimiento de terceros como los socios promotores de FIVA encausados, los cuales, desde el inicio del proyecto, han venido facturando servicios a la mercantil y ello aún conociendo la falta de rentabilidad económica y técnica del proyecto".

"GRAVE PERTURBACIÓN"

A su juicio, los expresidentes de Invercaria y el resto de procesados "intervinieron incumpliendo el marco procedimental establecido por Invercaria, quebrantando las más elementales pautas de conducta en la administración de los fondos públicos de Invercaria, tanto en la fase de estudio, negociación, formalización y seguimiento de las operaciones, conociendo los incumplimientos de los hitos previstos en los planes de negocio sobre resultados y cifra de negocio del proyecto FIVA".

Según asevera la Fiscalía en su escrito de acusación, "la concentración de fondos públicos en el proyecto FIVA ocasionó una grave perturbación en la actividad de fomento que la sociedad pública andaluza tenía encomendada".

El Ministerio Público pone de manifiesto que el perjuicio económico para Invercaria se ha materializado en 284.000 euros por aportación de capital dinerario; 716.000 euros de principal de préstamos impagados; 359.171 euros de préstamos otorgados a Grupo Imagen y Barainsa, y 5.699,87 euros por asistencias financieras no devueltas.

Para finalizar, dice que de los estados contables obrantes en autos de FIVA, destaca que la sociedad "únicamente registró ingresos en el ejercicio 2008 por importe de 31.836,03 euros, lo cual pone en evidencia la total falta de operatividad de la plataforma, única fuente de ingreso por actividad mercantil de FIVA".

APLAZAMIENTO DEL PRIMER JUICIO DE INVERCARIA

El pasado mes de junio, el juez elevó a la Audiencia la primera pieza de Invercaria, relativa a los préstamos de 359.581,6 euros concedidos a la empresa Fumapa, que recayó en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, presidida por el magistrado Pedro Izquierdo, ex secretario general de Justicia de la Junta.

Esta misma Sección de la Audiencia será también la encargada de juzgar a 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por la pieza 'política' de los ERE.

En este sentido, la Sección Primera decidió retrasar 'sine díe' la celebración del juicio por la primera pieza del caso Invercaria hasta que no finalice el juicio por el denominado procedimiento específico de los ERE.

El motivo del aplazamiento de la vista oral de Fumapa se debe a que en ambos procesos figura como acusado el ex director general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, por lo que al coincidir ambos procedimientos, el tribunal --que es el mismo que enjuiciará a Chaves y Griñán-- ha decidido aplazar la vista oral de Fumapa hasta que finalice el primer juicio de los ERE.

El juez de Invercaria ha concluido ya la instrucción de las siete primeras piezas del caso por las ayudas a FIVA, Fumapa, Servivation --donde la Fiscalía ha pedido seis años de cárcel para el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo--, Operador Aéreo Andalus, Lolita Canalla, Aceitunas Tatis y la diseñadora Juana Martín.