De esta forma, el tribunal estima el recurso interpuesto por el ministerio fiscal contra la resolución de la jueza --quien instruye las últimas dos piezas del caso Blasco-- de declinar su competencia para investigar si con esta actividad Tauroni cometió un delito de blanqueo de capitales y/o alzamiento de bienes.
Tauroni contaba con una autorización para utilizar un ordenador de Picassent, de la Unidad Docente, para facilitarle el estudio de la documentación que en formato electrónico --por su elevado volumen-- se había incorporado a la causa que contra él se sigue en el Juzgado 21 de Valencia --caso Blasco--.
Con ocasión del traslado de Tauroni a un modulo distinto de la prisión, se hizo revisión del ordenador portátil y se descubrió que con el mismo era posible conectarse a internet y que se había utilizado indebidamente el acceso a la red existente en la Unidad Docente.
Tras trascender esta información, el fiscal solicitó al juzgado que se investigara el uso que se había hecho de este ordenador al recordar que Tauroni está investigado por delitos de marcada naturaleza económica y que en la investigación que se está llevando a cabo se ha acreditado indiciariamente que el preso utilizaba medios telemáticos para manejar sus cuentas en el extranjero, así como para dar instrucciones a terceros sobre la disposición de su patrimonio.
Junto a este requerimiento, el fiscal aportó a la jueza de instrucción una copia de diversas comunicaciones de Tauroni intervenidas en el caso Blasco en las que éste recibe o se envían instrucciones de gestión de su patrimonio. Así mismo, alegó que Tauroni es un experto informático y que una de las líneas de investigación que se siguen en la causa es si su patrimonio en Estados Unidos proviene de adquisiciones relacionadas con los beneficios de los delitos de malversación y fraude de subvenciones que se le imputan.
POSIBLE INDICIOS
La jueza declinó investigar este asunto y ahora la Sala le ordena hacerlo al estimar que existen indicios de la posible comisión de hechos delictivos más allá de la responsabilidad disciplinaria en que el interno haya podido incurrir.
Por un lado, el tribunal señala que resulta "obvio" que para quien supuestamente comete hechos delictivos de los que obtiene beneficios económicos de enorme cuantía "se hace imprescindible buscar medios que tiendan a ocultar el rastro que dejan los movimientos ordinarios de gestión del patrimonio personal".
Así mismo, la Sala se refiere al informe del centro de Picassent que afirma que "el ordenador tenía conexión a internet desde una red oculta (...) El acceso a la red así como otras estrategias dirigidas a ocultar los contenidos visitados y hacer desaparecer los datos que evidenciarían la navegación lo posibilitó el experto conocimiento de la materia del interno".
Al respecto, el tribunal manifiesta que con ello se "evidencia la necesidad" de que la inspección del contenido del ordenador sea realizado por expertos "dada la especial motivación que se puede atribuir a Tauroni para burlar la seguridad de la red cuya utilización sabía que estaba prohibida en relación a la disposición de su patrimonio".
Sobre la competencia para investigar este hecho, la Audiencia advierte de que le corresponde al Juzgado 21. Le recuerda, pese a su "interpretación restrictiva" de una artículo de la ley, que esta misma normativa recoge que "se prevé la posibilidad de que aún cuando no se aprecie ninguna regla de conexividad, se pueden investigar hechos delictivos cometidos por una misma persona que tengan analogía o relación entre sí".
DERECHO DE DEFENSA
Por parte de la defensa de Tauroni se planteó que la medida solicitada por el fiscal suponía una "abierta afectación del derecho de defensa". Pero al respecto, la Audiencia le responde: "La defensa pierde de vista una cuestión fundamental: el ordenador utilizado por Tauroni no es un ordenador personal, por lo tanto no resultaría aplicable aquella doctrina constitucional que considera al ordenador presonal 'un medio idóneo para el ejercicio de la intimidad personal'".
El ordenador, prosigue la Sala, pertenece al centro penitenciario y su uso se concedió para el estudio y análisis de la documentación en formato electrónico de la causa penal, y dado que no estaba autorizado no ya a la conexión exterior a través de la red, sino ni siquiera la transmisión a cintas o disquetes, en modo alguno se puede considerar que fuese un medio apto y reglado para la comunicación con tercero, aunque éstos fueran personas implicadas de una u otra manera en su defensa legal".
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