Avisan de la "distorsión" de la escolarización en centros de la diferenciada que están recibiendo "muchas" solicitudes

La asesora jurídica de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en Andalucía, Carmen Mora, ha expuesto a Europa Press que en estos colegios se están recibiendo "muchas" solicitudes de padres interesados en la matriculación, algo que es "un gran mérito" en tanto que es conocida la situación de retirada del concierto a estos centros.

Aunque los otros colegios son de Formación Profesional (FP) y el proceso se abre en junio, éstos sí están recibiendo ahora las peticiones al contar con unidades de Infantil, pese a lo cual "los centros están avisando de que no saben si podrán contar con el concierto para el curso próximo, al no haber aún resolución definitiva".

Desde el punto de vista administrativo, la principal argumentación de los colegios en sus alegaciones, pese a que cada uno la adapte a su propia realidad, es similar, en el sentido de que el Ejecutivo andaluz estaría incurriendo en un posible abuso de derecho.

Como quiera que la resolución de la Junta es idéntica, en todos sus términos, a aquélla que, recurso de los afectados mediante, acabó siendo judicialmente anulada, las alegaciones van prácticamente todas en el mismo sentido de 2014. "La orden ya está anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y su contenido aboca a los centros a tener que ir nuevamente a los tribunales", ha expuesto Mora.

Asimismo, CECE-A recalca que judicialmente ya se ha establecido a la educación diferenciada como "un modelo pedagógico igual de apto que el mixto", incidiendo en la defensa de la "diversidad" y el "pluralismo" que debe tener el proyecto educativo "para que los padres puedan elegir".

Mora también ha hecho hincapié en la labor de los centros, que para los titulados de Formación Profesional "tienen una empleabilidad del 100 por ciento en seis meses", y la labor de éstos en zonas necesitadas de intervención social.

Por último, entienden que la administración ha actuado de esta manera "sabiendo que el daño es irreparable en la escolaridad y que el Supremo va a fallar en un mes, teniendo además tantas sentencias como tenemos a nuestro favor". "Cuando se dictan resoluciones en contra de nuestro ordenamiento jurídico, que es el que tenemos, y la LOMCE establece que los alumnos no pueden sufrir desventaja por estar en un ordenamiento pedagógico diferente, puede ser un abuso de derecho", ha concluido.