Las medidas introducen mejoras de las condiciones laborales de las personas que ejecutan el contrato, de justicia social, de apoyo a las pymes y de impulso a la economía social y cooperativa, entre otras cláusulas, ha informado este domingo en un comunicado el Ayuntamiento.
El decreto, firmado por la alcaldesa, Ada Colau, da seguridad jurídica y validez legal a los criterios fijados en la 'Guía de contratación pública social', elaborada por el consistorio con la participación de los agentes económicos y sociales de la ciudad.
Se fija que la contratación municipal se ha de hacer con el pleno reconocimiento de los derechos laborales y sociales de las personas que los llevan a cabo, con el objetivo de incentivar la contratación laboral estable e indefinida y el establecimiento de salarios dignos, entre otros.
Asimismo, para proteger a las pymes se establece como condición de ejecución obligatoria el pago directo al subcontratista por parte del Ayuntamiento, en caso de morosidad del contratista principal.
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