El Ayuntamiento sanciona con 45 días de empleo y sueldo a un funcionario investigado por el Mesón Gitano

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes municipales, quienes han señalado la ejecución del resultado del único expediente abierto, en este caso al ex jefe de servicio del Área de Servicios Urbanos J.M.S., deberá ejecutarse antes del mes de junio de este mismo año para dar cumplimiento de la sanción.

A preguntas de los periodistas tras una rueda de prensa, el teniente alcalde del Ayuntamiento de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha señalado que el Ayuntamiento solamente abrió expediente sancionador a uno de los dos funcionarios procesados en esta causa, de forma que al mismo "se le apartó a otra área" del Ayuntamiento, donde se mantiene como jefe de servicio.

Igualmente, ha precisado que el tercer imputado en este caso era un trabajador municipal pero no pertenecía al cuerpo de funcionariado del Ayuntamiento, con lo que ya no forma parte de la plantilla del Consistorio. "Era trabajador del Ayuntamiento y ya no", ha señalado al respecto.

En cualquier caso, ha defendido que ninguno de los tres contra los que la Fiscalía ha dirigido acusación ocupan el puesto que tenían en el momento en el que se produjeron los hechos, al tiempo que ha destacado su defensa de la presunción de inocencia al tiempo que ha resaltado su "respeto" a las actuaciones judiciales.

Cabe recordar que la Fiscalía pide prisión e inhabilitación para los tres miembros del Ayuntamiento de Almería y dos consejeros de la promotora Facto S.A. ante las "vinculaciones familiares, influencias y negociaciones" que se habrían dado entre ellos durante el desarrollo del procedimiento de adjudicación para "de forma intencionada e irregular propiciar de forma mendaz y manifiesta la resolución del concurso a favor de la empresa Facto S.A.", con "evidentes y palmarios intereses económicos", según remarca.

Según detalla el Ministerio Público, en octubre de 2012, el jefe de Servicio del Área de Servicios Urbanos, J.M.S., junto a otros dos técnicos no imputados, procedió a redactar el pliego de prescripciones técnicas de la licitación y adjudicación del proyecto y ejecución de las obras del entorno del Mesón Gitano de la capital.

Ese mismo mes, la empresa municipal Almería Urban SAU convocó la licitación bajo la fórmula de contratación conjunta de proyecto y ejecución, y con un presupuesto de 7.152.427,60 euros y un plazo de ejecución de 20 meses.

En dicha convocatoria, según precisa, se reflejó la fórmula matemática aplicada para la valoración de los aspectos económicos de las diversas propuestas, así como se dejó constancia de los miembros que componían la Mesa de Contratación, órgano competente para la valoración de las ofertas y la resolución de cuestiones. Entre estos integrantes figuraba el acusado D.L.A., técnico medio de Ingeniería de Obras Públicas.

En enero de 2013, la citada Mesa de Contratación abrió el sobre A relativo a empresas licitadoras, un total de 14 entre las que se encontraban Facto S.A. y Salcoa S.A. y también el sobre B relativo a las referencias técnicas.

Ya a finales de ese mismo mes, este órgano procedió al nombramiento de los técnicos coordinadores e informantes, y a remitir a estos toda la documentación aportada por las empresas licitadoras. Entre esos técnicos designados, un tercera acusado, funcionario en representación del Área de Obras Públicas.

La fiscal continúa su relato cronológico indicando que, en abril de 2013, los técnicos informantes llevaron a cabo una valoración técnica, "no sujeta a la aplicación de fórmula alguna", de los proyectos presentados a licitación, "otorgando a las empresas Facto S.A. y Salcoa S.A. la mejor puntuación de 26,74 puntos".

"Dichas sociedades se encuentran vinculadas a través de la empresa de construcción Algea Tris, de la que forman parte miembros de la sociedad Facto SA, en concreto los acusados J.T.G. y A.A.O., y que comparte domicilio social con Salcoa", señala.

La Fiscalía interesa para el jefe de servicio J.M.S. las penas de cuatro años de prisión, 17 años y nueve meses de inhabilitación, multa de 24 meses a razón de 12 euros al día y otra multa de 5,4 millones de euros como presunto autor de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Mismos delitos imputa a D.L.A. y J.L.M.M., para quienes solicita penas de 39 meses de prisión, 15 años de inhabilitación, multa de 18 meses a razón de 12 euros al día y otra multa de 5,4 millones de euros, mientras que para los empresarios A.A.O. y J.T.G. pide 18 meses de prisión y multa de 5,4 millones de euros como presuntos autores de un delito de tráfico de influencias.