Lo hacen en base a una nota de la ACM --que incluye un modelo de escrito-- en la que recomienda a los ediles que pidan a las fiscalías provinciales dejar sin efecto la instrucción 1/2017 dirigida a los Mossos d'Esquadra, complementando la instrucción 2/2017 del Fiscal Superior de Catalunya, para que las policías locales también actúen contra el referéndum requisando urnas y papeletas.
Consideran que dicha instrucción entra en "contradicción flagrante" con el Acuerdo adoptado por la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial en una reunión celebrada el día 15 de julio de 2015 que determina que, si bien las policías locales son policía judicial en sentido genérico, no lo son en sentido estricto.
Argumentan que, según el artículo 7 del Decreto sobre regulación de la Policía Judicial, son las unidades orgánicas previstas en el artículo 30.1 de la Ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, integradas por el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las policías autonómicas.
De este modo, aseguran que solo las policías locales de grandes municipios que hayan firmado el convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la FEMP, de 20 de febrero de 2007, podrán actuar como policía judicial en una serie de infracciones penales que se especifican en el convenio y que se refieren a las antiguas faltas y delitos menos graves.
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