ESPAÑA PEDIRÁ A BURKINA FASO LA EXTRADICIÓN DEL EXPRESIDENTE DE EUROBANK DEL MEDITERRÁNEO

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó hoy la solicitud de extradición a Burkina Faso del español Eduardo Pascual Arxe, expresidente de Eurobank del Mediterráneo, para ser enjuiciado por diversos delitos relacionados con la descapitalización fraudulenta de dicho banco y de la mutua Fortia Vida.
Según informó el Ministerio de Justicia, sobre Pascual Arxe, que fue detenido en Uagadugú, capital de Burkina Faso, pesan dos solicitudes de extradición por hechos diferentes.
La primera solicitud se refiere a delitos societarios continuados, así como asociación ilícita y estafa en grado de tentativa en relación concursal medial con falsedad documental e insolvencia punible.
En relación con los hechos que fundamentan esta primera petición de extradición, como presidente de Eurobank del Mediterráneo, en colaboración con otros directivos, habría procedido a la descapitalización de dicho banco de manera continuada desde 1995 hasta abril de 2004.
TRAMA DE SOCIEDADES
Para ello, los acusados se habrían servido de la propiedad o administración de una serie de sociedades para sustraer activos. Igualmente, habrían defraudado a socios y clientes mediante la creación, uso o simulación de documentos, utilizando la comercialización de productos financieros que sirvieron para el desvío de ciertos activos.
De la misma forma, los sospechosos habrían generado artificiosos estados financieros o situaciones contables, ocultando beneficios de forma ilícita. Una vez dañada la viabilidad de la entidad bancaria, habrían realizado operaciones y actuaciones para despatrimonializar la entidad y desplazar sus fondos y activos hacia terceras personas y entidades, dañando los intereses económicos de los socios de Eurobank.
La ampliación de la solicitud de extradición contra Pascual Arxe se basa en delitos de asociación ilícita, estafa o apropiación indebida, insolvencia punible, delitos societarios y de falsedad continuados, blanqueo, contra la Hacienda Pública y Seguridad Social y contra el derecho de los trabajadores y extranjeros, así como contra la Administración.
En este caso, el reclamado, en connivencia con otras personas, habría procedido a la descapitalización de la mutua Fortia Vida entre los años 2011 y 2013, creando un entramado societario para ocultar y dar opacidad a operaciones de dudosa legalidad. La descapitalización se realizaba mediante el desvío de los fondos a terceros, con lo que se originaba un perjuicio a mutualistas, a trabajadores y a la propia Hacienda Pública.