El texto insta al Gobierno central a establecer el procedimiento para que las entidades financieras hagan efectivo el cumplimiento de la sentencia del TJUE, mediante un mecanismo "rápido, universal, colectivo y eficaz" que garantice la protección de los consumidores y evite que la carga del proceso recaiga en los clientes afectados.
Pide al Gobierno central y a la Generalitat articular mecanismos de coordinación y cooperación con las asociaciones de usuarios afectados para que puedan participar en la supervisión del proceso de retorno, y apuesta por que el Govern impulse mecanismos de mediación efectivos entre los clientes afectados y los bancos "en caso de que no se haga efectivo un retorno inmediato del dinero a devolver".
También exige al Banco de España definir los mecanismos obligatorios para que los bancos implicados hagan efectivo el cumplimiento de la sentencia e informen a cada uno de los afectados de los derechos que les corresponden durante el primer semestre de 2017, y aboga por que cree un sistema para supervisar y, en su caso, sancionar a las entidades que incumplan la sentencia.
El texto también solicita a la Agencia Catalana de Consumo y a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic) que impulse de forma "urgente" una campaña de difusión del derecho de las personas afectadas por las cláusulas suelo a que se les devuelvan las cantidades pagadas indebidamente por este concepto.
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