Bayod y Bañuelos vinculan el caso de Gitpa con los "intereses espúreos" de los funcionarios denunciantes

Ambos han comparecido en la comisión parlamentaria de la Junta General que investiga la supuesta trama. Los dos han acusado directamente al Gobierno de Asturias de "dejación de funciones" y "ocultación de información" en todo el proceso. A juicio de Bañuelos, la denuncia responde a un "flagrante caso de utilización política" de la Justicia, y pone en evidencia la "dejación de funciones" de la Administración, así como un "comportamiento débil y cobarde" del Gobierno autonómico en este asunto.

Bañuelos ha sido el que ha hablado directamente de "mala fe" e "intereses espúreos". Bayod ha afirmado que Hevia, y por extensión el Servicio de Telecomuniaciones, conoció desde el primer momento la solución de la instalación de la línea a través de la vía de FEVE Cudillero-Vegadeo, y el canon que el Gobierno autonómico debería pagar durante 15 años por el mismo.

De hecho, según Bayod, Hevia "no solo conocía la solución de realizar la troncal por el dominio de FEVE, sino que además lo tuvo en cuenta al hacer el presupuesto de la misma, en 2009, al presupuestar seis millones de euros, de los que 2,3 millones eran para sufragar los derechos de paso, y el resto para la construcción".

Se ha preguntado por tanto, "por qué el ingeniero no lo denunció en su día si consideraba una irregularidad", en referencia a la denuncia que él y Cigarría presentaron en 2014, en la que se aludía a un menoscabo económico en lo referente a la cesión de derechos de paso de FEVE.

Bañuelos, por su parte, ha negado directamente que hayan exisitido irregularidades en la contratación de la troncal del occidente con Feve. Ha cargado también contra Hevia y Cigarría, por denunciar hechos que "no son constitutivos de delito", únicamente con "mala fe" e intereses "espúreos".

A su juicio, existen "intereses privados" de "un funcionario interesado" en el éxito de la denuncia y en la destitución del ex director gerente de Gitpa, Eduardo González Bayod. "Mienten los que denuncian cuando evidencian un descontrol que no existió", ha añadido.

Según Bañuelos, los denunciantes han tratado de implicar a Bayod en asuntos "que pasaron antes de su contratación", buscando generar "controversia" en torno a una supuesta doble certificación de la encomienda y el pago de un canon a Feve relativo a los derechos de paso de la red por su infraestructura. La Administración, ha dicho, conocía la densidad de los pagos y estos estaban presupuestados. "No puede haber un canon no declarado cuando está presupuestado", ha argumentado.

DOBLE CERTIFICACIÓN

Tanto Bayod como Bañuelos han negado que exista la doble certificación. Simplemente, según la versión del segundo, el 23 de abril de 2014 presentó un informe sobre la troncal occidental con un anexo que incluía las facturas de la empresa adjudicataria Comfica a Gitpa, y las de Gitpa al Principado, y en el que figuraban "unos documentos sin firmar que ponían 'preforma de la certificación'". Se trata de la documentación que obraba en Gitpa, ha afirmado.

Dos meses después recibe un documento de observaciones sobre este primer informe con diez días de plazo para presentar alegaciones. Es en este proceso cuando, ha explicado Bayod, recibe una llamada informándole de que se han localizado las certificacioes de la obra, firmadas por Git, Comfica y Agarós, "que decido que hay que aportarlas también".

Por este motivo, ha lamentado, se le vincula con un caso de doble certificación y por tanto doble contabilidad. Ha dejado bien claro que si las certificaciones hubieses aparecido en el momento de elaborar el primer informe, en abril de 2014, las habría presentado, y ha afirmado desconocer el origen de las llamadas facturas preforma, incorporadas en el primer documento.

Además, según su versión, meses después del segundo informe, preguntó por el asunto a Cigarría, y esta le envío por correo electrónico su nuevo informe de conclusiones, con algunas partes omitidas. Esas partes eran precisamente en las que la jefa del Servicio y Héctor Hevia acusaban a Bayod de irregularidades y planteaban la toma de medidas.

En su comparecencia, Bañuelos ha explicado que esas facturas preforma se adjuntaron por "error", y que se tratan de la factura de la encomienda un borrador de la certificación, hecho subsanado después al adjuntar la certificación definitiva.

Sobre la diferencia entre lo presupuestado y los ejecutado, ha señalado Bañuelos que "la propuesta del contratista no es la misma que luego se tramita, porque la asistencia técnica debe revisarla, corregirla y negociarla. Cada factura tiene una certificación firmada". Al respecto de este mismo asunto, Bayod ha señalado que el precio del Principado con Gitpa en proyecto era inferior, y el precio con el contratista era mayor". "En una liquidación final entre Gitpa y el Principado se podrían corregir esos errores", ha añadido.