Blanco no pidió explicaciones a los trabajadores de Gitpa sobre los correos que revelarían irregularidades

En la comisión de investigación que investiga la gestión de Gitpa, Blanco, que dimitió hace una semana, ha señalado que lo que sí hizo fue intentar comprobar la veracidad de esos correos. Para ello se puso en contacto con el gerente de Gitpa por si era posible acceder al archivo de correos electrónicos. Sin embargo, tras consultar a una empresa externa, la respuesta fue que no era posible, más aún tratándose de correos de hace ocho o nueve años.

"No fue posible comprobar la veracidad de esos correos", ha explicado Blanco, que también ocupó el cargo de presidente del consejo de Administración de Gitpa. A preguntas de los diputados de la comisión en la que compareció, Blanco dijo que no tenía sentido pedirles explicaciones a los trabajadores por los contenidos de esos correos. "Si esos correos fuesen ciertos, nadie se iba a autoinculpar, no tendría ningún sentido preguntarles", ha apuntado el exconsejero, que además ha recordado que las supuestas comunicaciones ya están en el juzgado.

Esa manera de pensar ha sido objeto de crítica, sobre todo por parte de PP y Podemos. Agustín Cuervas-Mons, del PP, ha hablado de "dejación de funciones" por parte de Blanco por no haber contrastado con los trabajadores afectados esa información. Mientras, Lorena Gil, de Podemos, también ha mostrado su extrañeza de que no se hablase directamente con los trabajadores ante unas supuestas irregularidades tan graves.

TELECABLE

Por otro lado, en la comisión Blanco también ha sido preguntado por el contrato que Telecable mantiene, como operador, con Gitpa. El exconsejero ha explicado que ese contrato nunca se firmó, por discrepancias que se remontan a una década, y que atañen a una cláusula.

Según Blanco, Telecable entendía que esa cláusula suponía una discriminación tecnológica. "Yo he intentado resolver la discrepancia y firmar el contrato", ha explicado Blanco. Pero Telecable, ha añadido, ha mantenido su disparidad. Así, el exconsejero ha explicado que el Gobierno asturiano ha llevado el asunto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que sea la que arbitre.