La decisión se ha tomado a petición del Ministerio Público, según ha informado el diario 'Estadao'.
Los investigados por obstrucción a la justicia en el marco de la investigación por la trama corrupta de Petrobras --José Carlos Bumlai, amigo de Lula; el exsenador Delcídio Amaral; el banquero André Santes Esteves; el exasesor de Amaral, Diogo Ferreira Rodríguez; el abogado Edson Siqueira Ribeiro Filho; y el hijo de Bumlai, Maurício Barros Bumlai-- están acusados de "actuar irregularmente para entorpecer las investigaciones de la 'operación Lava Jato'".
En concreto, están acusados de actuar contra la investigación para silenciar al exdirector del área internacional de Petrobras, Néstor Cerveró.
El magistrado brasileño ha ordenado la "suspensión de las actividades del Instituto Lula, ubicado en la calle Pouso Alegre, 21, Ipiranga, en Sao Paulo". "La Superintendencia de la Policía Federal de Sao Paulo deberá ofrecer información sobre el cumplimiento de la orden en un plazo de tres días a partir del conocimiento de esta decisión", ha señalado el texto.
En su texto, el juez sostiene que por el "contenido" del testimonio de Lula, el instituto que lleva su nombre, que desarrolla proyectos sociales, "pueda haber sido instrumento, o al menos lugar de encuentro, para la comisión de delitos".
"Él mismo (Lula) mencionó que llamaba a personas para hablar en el referido Instituto sobre las finalidades diversas del alcance de la entidad (...) y los numerosos asuntos allí tratados no fueron incluidos en la agenda ni hubo transparencia de sus actividades", ha señalado.
El relator de la 'Operación Lava Jato' en el Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués), el magistrado Teori Zavascki --fallecido en un accidente aéreo el año pasado--, autorizó el pasado verano la apertura de una investigación contra los expresidentes Dilma Rousseff y Lula da Silva y otros dos exministros por obstrucción de las investigaciones sobre la red de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos de la petrolera estatal Petrobras.
La petición, presentada el pasado mes de mayo, tiene como base las conversaciones telefónicas entre Rousseff y Lula, sobre las que se impuso el secreto de sumario, al tiempo que cita la nominación de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas para el Tribunal Superior de Justicia y del propio Lula para ministro de la Casa Civil.
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