Broto indica que los ciudadanos "son los que más sufren las políticas que limitan derechos"

Broto, junto a la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada; el teniente de alcalde de Badalona, José Téllez, y el concejal de Hacienda de Cádiz, David Fernández, ha participado, al igual que los eurodiputados Miguel Urbán y Tania González en un acto de presentación del Manifiesto de Oviedo en el Parlamento Europeo, organizado por Podemos, para exigir que se ponga fin a las políticas austericidad impuestas a los ayuntamientos.

Allí han denunciado las políticas de austeridad que están ahogando a un gran número de municipios y han reclamado soluciones ante las leyes, como la 'Ley Montoro', que obstaculizan o impiden a los ayuntamientos realizar políticas de creación de empleo o incrementar el gasto social.

La vicealcaldesa de Zaragoza ha calificado el encuentro de "necesario para articular alianzas entre los municipios, primera línea de atención a los ciudadanos y, que sin embargo son los que más están sufriendo las políticas que limitan derechos". La vicealcaldesa ha manifestado que "además de la normativa también hay que tener en cuenta la obligatoriedad moral y ética de atender a nuestros vecinos".

La delegación de la Red Municipalista contra la Deuda ilegítima y los Recortes ha presentado en el Parlamento Europeo el Manifiesto de Oviedo, lanzado en octubre de 2016 y firmado por más de 1.000 cargos electos y más de 140 agrupaciones municipales y movimientos sociales de todo el Estado español.

En dicho manifiesto se "exige un cambio radical de la política de asfixia financiera aplicada por el Gobierno de España" hacia ayuntamientos y comunidades autónomas; la derogación del artículo 135, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, "la devolución por parte de los bancos de los intereses abusivos cobrados y el cese inmediato de los recortes y la austeridad, revirtiendo sus consecuencias, identificando a sus culpables e indemnizando a sus víctimas".

Para ello, las personas y organizaciones firmantes se comprometen con la creación de un frente común de apoyo mutuo entre administraciones locales y autonómicas que cuestione la deuda ilegítima, que trabaje para su anulación y que permita encontrar financiación legítima para garantizar a la ciudadanía derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.