En concreto, España no ha comunicado aún la plena transposición a su ordenamiento jurídico la directiva que establece el marco común de medidas y mecanismos de control necesarios para garantizar el cumplimiento de las reglas europeas sobre el desplazamiento de trabajadores.
La advertencia tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, y da dos meses al Gobierno para responder a las exigencias de Bruselas.
De lo contrario, el Ejecutivo comunitario podría seguir adelante con el expediente abierto en 2015 y llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Además de a España, la Comisión también ha dirigido ultimátum similares a otros ocho Estados miembros: República Checa, Chipre, Croacia, Eslovenia, Luxemburgo, Portugal, Rumanía y Suecia.
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