Bruselas dio a principios de mes un plazo de dos semanas a las autoridades polacas para enmendar la legislación que preocupa en la Unión Europea, porque teme que ponga en riesgo el Estado de Derecho en el país, al reforzar el control del Gobierno sobre el Tribunal y sobre los medios de comunicación.
El Ejecutivo comunitario ha confirmado ahora que recibió fuera de plazo --el pasado 24 de junio-- una respuesta firmada por el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Witold Waszczykowski.
"La carta confirma a la Comisión el estado del trabajo parlamentario en Polonia para el nuevo decreto sobre el Tribunal Constitucional", ha informado el portavoz jefe comunitario, Margaritis Schinas.
Bruselas "recuerda la importancia de trabajar conjuntamente para encontrar una solución", ha añadido, para después reiterar la disposición de la institución comunitaria de "continuar con el diálogo" con las autoridades polacas.
El vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans firmó el 1 de junio una opinión negativa sobre la situación del Estado de Derecho en Polonia y abrió el marco formal de diálogo con las autoridades del país para tratar de hallar una solución.
Esa decisión supuso el primer paso oficial en un procedimiento más amplio que prevé la Unión Europea para sancionar a un Estado miembro si se teme que esté en riesgo el orden democrático y que, en última instancia, puede llevar a suspender el derecho de voto de dicho país en las decisiones de la UE.
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