EUROPA PRESS
En un comunicado, ICV dice que a la espera de recibir oficialmente la sentencia que han conocido a través de los medios, Buenaventura apelará porque cree "que no tomó ninguna decisión que estuviese fuera de la normativa vigente y, por la tanto, no cometió ningún delito administrativo" como el juez y el fiscal afirman.
Aseguran que "el asunto que afecta a Buenaventura no es en ningún caso de corrupción", sino que es administrativo, y recuerdan que la diputada renunció a su cargo público por voluntad propia em 2011 al no presentarse a las listas para el Congreso y que desde entonces no ha ocupado un cargo público, por lo que lleva cinco años sin hacerlo.
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