CATALÁ DICE QUE EN ESPAÑA NO SE CONDENA A NADIE “POR HACER CHISTES”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo hoy que en España “por hacer chistes o bromas no se condena a ningún ciudadano”, en referencia a que varios partidos estén criticando las sentencias contra tuiteros por delitos de odio, enaltecimiento del terrorismo o menosprecio a las víctimas.
Catalá se refirió a esta cuestión en la Comisión de Justicia del Congreso, donde compareció este jueves para dar cuenta de diversas cuestiones de actualidad, como lo referido a las condenas a tuiteros.
A este respecto, el ministro defendió que en España hay un “sistema de derecho afinado, garantista”, y que “no es adecuado” hablar de que “se penaliza el humor, los chistes”. Destacó que los jueces se limitan a aplicar el Código Penal y de forma independiente aplican la legislación.
Aseguró que en unos casos de tuiteros hay condenas y en otros no, pero defendió que “por hacer chistes o bromas no se condena a ningún ciudadano” en España, ya que está garantizada la libertad de expresión.
“DEMOCRACIA ‘LOW COST’”
El responsable de Justicia hizo estas consideraciones después de que Lourdes Ciuró, del PDECat, sostuviese que España “se está convirtiendo en una democracia ‘low cost’” por las condenas a tuiteros y porque se abran investigaciones por comentarios sobre el asesinato de Carrero Blanco o el Valle de los Caídos.
A su vez, Ester Capella, de ERC, criticó que “la protección de determinadas víctimas lo sea a ultranza”, en referencia a las víctimas del terrorismo, pero no suceda lo mismo, por ejemplo, con los fallecidos del avión de Germanwings. Sostuvo que “ha brillado por su ausencia” el amparo legal a los que se mofaron de la muerte de los pasajeros de este vuelo con el argumento de que muchos eran catalanes.
En la misma línea se manifestó la diputada Sara Carreño, de Podemos, quien sostuvo que la Fiscalía está teniendo “diferentes formas de comportarse” a la hora de perseguir amenazas o comentarios delictivos en Twitter. Citó los casos de las amenazas a muerte al líder de la formación morada, Pablo Iglesias, o los ataques a Pilar Manjón, expresidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo.
Por su parte, María Jesús Moro, del PP, demandó a los partidos que critican la condena a tuiteros que no distingan entre “víctimas de primera y de segunda”, puesto que respetar a todas las víctimas es un principio que había interiorizado la sociedad española.