CATALUÑA. FUNCIONARIOS CATALANES SOLICITAN A CSIF EL PROTOCOLO CONTRA ÓRDENES ILEGALES

- Ante la posibilidad de recibir órdenes fuera de la legalidad por parte de sus superiores. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha recibido solicitudes por parte de empleados públicos catalanes reclamando información sobre el protocolo previsto ante la posibilidad de que reciban órdenes fuera de la legalidad por parte de sus superiores, coincidiendo con el anuncio de la fecha del referéndum por parte de la Generalitat de Cataluña.
Según informó hoy el sindicato en un comunicado, las solicitudes de información proceden de departamentos como Justicia, Prisiones, Educación, la Agencia Tributaria, así como de la propia Generalitat.
De hecho, CSIF señaló que tiene constancia de funcionarios que se han negado a participar en el concurso para la licitación de las urnas que se pretenden usar en el referéndum.
En este sentido, desde el sindicato indicaron que se va a iniciar una campaña informativa, en la que se va a divulgar el protocolo a todos los departamentos de la Administración en esta comunidad autónoma, así como de la Administración General del Estado presente en Cataluña, “teniendo en cuenta la incertidumbre generada tras la filtración de los planes de la Generalitat para los funcionarios”.
Asimismo, y de manera específica, se intensificará la labor informativa en los centros educativos donde la Generalitat tiene previsto organizar la consulta, pensando especialmente en los responsables de la dirección de los centros o los conserjes encargados de abrir las puertas de las instalaciones para el referéndum.
El pasado mes de mayo, CSIF mantuvo reuniones con la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, en las que se abordó la “preocupación” sobre los efectos que puede tener este proceso soberanista en la situación de los funcionarios catalanes y se acordó “velar por su seguridad jurídica en el caso de que reciban órdenes fuera de la legalidad vigente o presiones”.
El protocolo elaborado por el sindicato recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. De esta manera, se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.