CATALUÑA. CS PIDE AL GOBIERNO QUE ALERTE A LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA ILEGALIDAD DEL REFERÉNDUM

Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que pide al Gobierno que envíe a los directores de colegios e insitutos públicos de Cataluña la advertencia de la Fiscalía sobre los delitos en los que podrían incurrir en caso de colaborar con el proceso independentista.
En la exposición de motivos, Ciudadanos subraya que en los últimos días numerosos centros educativos de Cataluña han expuesto en su exterior "motivos independentistas" como la Estelada o banderás con un "sí" aludiendo al respaldo a la consulta del 1 de octubre.
Explica que también se han impartido conferencias en asociaciones de padres de alumnos respaldando la independencia. Además, universidades públicas como la Pompeu Fabra y la Rovira Virgili han sido "instrumentalizadas" al servicio del proceso soberanista, asegura.
Ciudadanos considera que esas actitudes "no tienen cabida en el marco legislativo actual" porque no entran dentro de las funciones de los centros educativos y porque las instituciones públicas y sus servidores no se pueden prestar a realizar acciones "escandalosamente" contrarias al orden constitucional.
Recuerda que el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han advertido que los poderes públicos y a las autoridades, entre los que se encuentran los directores de colegios e institutos públicos, que deben evitar cualquier actividad que suponga colaboración en la ejecución de la consulta, ya que podrían incurrir en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos (art. 432 CP).
Es más, dice Ciudadanos, están "obligados a impedir que tales actividades se puedan llevar a cabo", y la legislación no ofrece cobertura a lo que esos directores están consintiendo o incluso alentando. "La inacción tanto del Gobierno como de la Generalitat frente a la instrumentalización política de los centros educativos es incomprensible", denuncia la formación, que recuerda la obligación legal del Estado de velar, a trabés de la inspección educativa, por el cumplimiento de la ley en los centros.
Por todo ello, Ciudadanos quiere que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a poner esos hechos en conocimiento de la Fiscalía e "impartir las instrucciones correspondientes para que se evite la consumación de los delitos asociados a la utilización de los centros públicos con fines tan escandalosamente contrarios al orden constitucional".
Quiere también que se comunique a los directores de los centros públicos, en su condición de autoridad pública, la advertencia de la Fiscalía sobre las consecuencias de la colaboración en las actividades asociadas con el proceso independentistas.
Finalmente, quiere emplazar al Gobierno a ejercer las funciones de la alta inspección educativa, en relación con el cumplimiento de la legislación vigente frente a actividades escandalosamente contrarias al orden constitucional que han sido anuladas o suspendidas por el Tribunal Constitucional.