CCOO detecta un incremento de demandas de colectivos de trabajadores y contra las administraciones públicas

EUROPA PRESS

Las grandes empresas, "las cuales han sido las principales beneficiarias de la reforma laboral de 2012", ya han reestructurado sus plantillas en los años anteriores, "por lo que hay menor número de demandas individuales por despido". No obstante, según CCOO, "no es ésta la única causa de la disminución".

Así, han precisado que son muchas las personas que acuden a consulta jurídica como motivo de despido individual, "pero la disminución de las indemnizaciones, la eliminación de los salarios de tramitación, el pánico a perder la posibilidad de volver a trabajar tras poner una demanda, y el coste --salvo afiliados con gratuidad a una organización sindical-- han hecho que disminuyan las demandas individuales, pero no el hecho causante".

Según el informe de Eduardo Alarcón, letrado y coordinador de los Servicios Jurídicos de CCOO Málaga, "lejos de haberse reducido los despidos individuales, actualmente la temporalidad y el fraude en la contratación, entre otros, hacen que existan multitud de casos en los que hay sobrados motivos para interponer demanda".

A estás conclusiones se ha llegado tras analizar las consultas jurídicas y sindicales que se han producido "como consecuencia de despidos injustificados y tras un fraude en la contratación, en contraposición con el número de expedientes abiertos".

DATOS

En los servicios jurídicos de CCOO Málaga, de las más de 6.000 consultas jurídicas realizadas en 2014, casi el 35 por ciento generaron una reclamación de derechos o cantidad por incumplimiento de la ley; mientras que en 2016 el porcentaje se ha visto reducido hasta el 18 por ciento.

Asimismo, han explicado a Europa Press, que otro de los motivos que hacen que los trabajadores que han visto vulnerados sus derechos desistan de interponer demanda judicial "es la dilación en las citaciones" a los juicios, "que sobrepasan con exceso los plazos establecidos por la ley, llegando incluso a superar el año el tiempo de espera, entre la demanda y la citación para juicio".

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el primer trimestre de 2016, en los juzgados de lo social de la provincia, se encontraban en trámite 10.152 expedientes, de los que se resolvieron 3.498. Por ello, desde CCOO han asegurado que "es necesaria una apuesta del Gobierno por dotar el poder judicial de recursos para hacer más ágil la justicia, ya que la dilación la hace menos efectiva".

Por otro lado, han señalado que también se han incrementado los despido por causas objetivas y cierres patronales o concurso de acreedores, pero han lamentado que "eso, en definitiva, no es más que desviar la responsabilidad al Fondo de Garantía Salarial, que es quien paga las indemnizaciones en aplicación a la reforma laboral, subvencionando a las empresas en las indemnizaciones por despido".

Las solicitudes de invalidez permanente también se han incrementado, principalmente, por dos motivos. Así, por un lado, porque los mayores de 55 años que han sido despedidos y tienen más lesiones debido a la edad solicitan invalidez "como último recurso para poder tener derecho a prestación" y, por otro, porque aquellas enfermedades que con anterioridad a la crisis eran reconocidas como motivo de incapacidad, "hoy en día son denegadas sistemáticamente, teniendo que recurrir a la vía judicial para que sean reconocidas".

Desde CCOO también han destacado la reducción de demandas por prestación de desempleo "por el único motivo de que se ha recortado sustancialmente el derecho a dicha prestación".

Por otra parte, las reclamaciones contra altas médicas indebidas tienden a desaparecer, ya que, han explicado, el sistema "las ahoga". "Pese a producirse cada vez con mayor frecuencia, por parte de las mutuas, casos de altas médicas indebidas al continuar el trabajador enfermo o no recuperado, el sistema de reclamación hace inviable la misma, ya que se ve obligado a reincorporare al trabajo, pese a la enfermedad y presentar una demanda judicial que en el mejor de los casos tarda en resolverse de seis a ocho meses, dependiendo del juzgado".

Por todo ello, desde CCOO han advertido de que "el miedo al desempleo y a una mayor dificultad de encontrar un trabajo"; el tiempo que transcurre hasta la celebración del juicio y su sentencia; los costes que suponen para los trabajadores; la reducción de las cantidades por indemnización; la eliminación de los salarios de tramitación y las altas indebidas "han conseguido hacer del mercado de trabajo un cúmulo de irregularidades, temporalidad y precariedad" y a los trabajadores, "a pesar de los derechos reconocidos para su defensa, los ha situado en una situación de indefensión contra las malas prácticas empresariales".

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