Lunes, 20.11.2017 - 09:08 h

CEOE urge al Gobierno a afrontar el tema catalán con "sentido constructivo"

Los empresarios señalan que existe "un problema político de gran envergadura" y advierte que no resolverlo "afectaría negativamente a todas las partes".

Los empresarios emiten un comunicado en el que piden el "cumplimiento estricto de las leyes y la Constitución" como mejor garantía para la seguridad jurídica de las empresas.

El presidente de CEOE, Juan Rosell, y el de CEPYME, Antonio Garamendi.

Los empresarios españoles han instado al Gobierno a afrontar el problema político catalán "con la mayor urgencia posible y sentido constructivo" para evitar afectar la convivencia social y la prosperidad económica, y han advertido que se trata de un problema política de gran envergadura cuya no resolución "afectaría negativamente a todos los ámbitos".

La Junta Directiva de la organización empresarial ha lanzado este miércoles un comunicado para establecer de manera inequívoca la posición de la principal organización empresarial española ante lo que el mismo escrito identifica como "la consulta ilegal del 1-O en Cataluña".

La organización sale así al paso de las voces que empezaban a cuestionar el supuesto silencio de los empresarios ante los últimos acontecimientos acaecido en Cataluña con la aprobación por parte del Parlament del paquete legislativo que perseguía configurar la base jurídica del futuro Estado catalán independiente.

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El comunicado de CEOE, que se apoya en el informe jurídico elaborado en su momento por la patronal catalana Foment del Treball, subraya que "los empresarios siempre estamos con la legalidad y por el cumplimiento estricto de las leyes y la Constitución española, así como de la legalidad internacional" y manifiesta de forma expresa el apoyo de la organización a "todas las acciones que se considere necesario llevar a cabo con el objetivo de hacer cumplir la legalidad vigente".

Los empresarios admiten su preocupación por el impacto que la situación política en Cataluña pueda tener sobre la confianza de empresarios e inversores en Cataluña y en España, y manifiestan, asimismo, que ese marco legal constituye la mejor garantía para la seguridad júridica "imprescindible para la competitividad de nuestras empresas".

El escrito, que en ninguno de sus puntos exhibe un apoyo manifiesto y explícito a los empresarios catalanes, reconoce eso sí la existencia de "un problema política de gran envergadura en Cataluña" e insta a las autoridades a afrontarlo con la mayor urgencia posible "y sentido constructivo para que no afecte a la convivencia social y prosperidad económica".

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