"Estamos hablando de cultura, de autores, de creación y el PP solo quiso proteger los intereses de los más poderosos. Han tenido que ser los tribunales ya que no lo fueron los votos los que han demostrado que teníamos razón, pero no nos conformamos, queremos un acuerdo urgente para modificar la normativa".
La dirigente de CHA ha recordado que el diputado de este partido en el Congreso durante la legislatura 2011-2015, Chesús Yuste, como portavoz de la Izquierda Plural reclamó una alternativa al canon digital, "pero no a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, que había sido la solución transitoria que se había aprobado en el primer Consejo de Ministros de Rajoy y que entendíamos que no debía consolidarse como una solución permanente".
"Si a nuestro juicio", decía Yuste, "era un error cargar los derechos de autor sobre los consumidores de CD, aún era más grave cargarlo sobre todos los contribuyentes. Por eso entendíamos que aquella decisión de diciembre de 2011 iba a ser transitoria". "Yuste tenía razón, pero el PP ignoró su argumentación rechazando esta propuesta en su día", ha afirmado Carmen Martínez.
CHA ha considerado que la ley aprobada por el PP era "todo lo contrario de lo que demandábamos" porque "no nacía del acuerdo con los afectados, sino que lograba concitar la unanimidad de todos los sectores en su contra".
En la compensación por copia privada, "se optó por lo que entendemos que era la peor de las soluciones: Dar continuidad a la salida provisional a cargo de los Presupuestos Generales del Estado", ha continuado Martínez.
"DISPARATE"
"Semejante decisión, a nuestro juicio, era un disparate y solo puede entenderse desde la falta de respeto del Gobierno Rajoy a la gente de la cultura o por el exceso de respeto a las industrias de las telecomunicaciones, que objetivamente son las que se están lucrando con las copias privadas --legales o no-- y deberían ser quienes soportaran el coste de la compensación a la que tienen derecho los creadores".
Ha pedido al Gobierno que reaccione, modifique de forma urgente la ley y aborde un diálogo con el sector "porque está claro que esta norma debilita la protección de la propiedad intelectual en beneficio de las grandes empresas tecnológicas".
"Hace falta un nuevo proyecto de ley, nacido del diálogo, no de un pulso con el Ministerio de Industria, sino del diálogo entre los sectores culturales: creadores, consumidores e industrias culturales y esta nueva norma tiene que tener tres bloques fundamentales", ha considerado la secretaria general de CHA.
El primer bloque atañe a "la máxima transparencia" de las sociedades de gestión, el control y la fiscalización por los poderes públicos, pero también por los propios creadores, así como la defensa del carácter cooperativo de las sociedades de gestión y la función social hacia sus afiliados.
El segundo bloque consiste en atender la compensación equitativa por copia privada a partir una fórmula consensuada, "ni presupuestos del Estado ni canon indiscriminado que repercuta sobre los consumidores". Ha propuesto estudiar la creación de un tributo sobre las descargas de las grandes compañías tecnológicas.
El tercer bloque pasa por el reconocimiento de las diversas modalidades de protección y autorización de derechos, partiendo del reconocimiento del procomún, del trabajo colaborativo en red y del impulso del dominio público.
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