La CIDH acuerda un mecanismo especial para dar seguimiento al caso Iguala

"El mecanismo tendrá como objetivos dar seguimiento a las medidas cautelares otorgadas y, en ese marco, a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)", ha anunciado la CIDH en un comunicado.

La CIDH nombrará al menos a dos asesores técnicos "para realizar labores de recopilación de información y documentación sobre el caso, quienes, en coordinación con el Estado, podrán realizar las visitas a México con la frecuencia y el tiempo que sea necesario para su labor".

Los asesores "tendrán pleno acceso a la información necesaria en los expedientes y otras fuentes de información correspondientes del caso, de acuerdo con la normativa mexicana vigente y los estándares internacionales".

Además, "el relator de país u otro comisionado designado por la CIDH realizará tres visitas a México" y podrá hacer una cuarta "para dar seguimiento a las medidas cautelares". "Cada visita se realizará de forma coordinada" con el Gobierno, ha subrayado, y ha añadido que al final de cada una, se dará una rueda de prensa si se considera conveniente para informar de los avances.

Asimiso, la CIDH ha acordado que "el Estado dará apoyo económico para asegurar el financiación del mecanismo de seguimiento". La organización se encuentra en "una crisis financiera extrema". Si bien desde que la anunció, a finales del mes de mayo, ha recibido "contribuciones o compromisos de aportes" de diferentes actores, algunos aspectos "esenciales" del programa de trabajo siguen suspendidos.

En la resolución, aprobada este mismo viernes, la organización sostiene además que "mantendrá sus competencias derivadas de la Convención Americana y otros instrumentos aplicables en materia de Derechos Humanos vinculantes para México", y ha subrayado que las actividades previstas en este mecanismo "no podrán ser interpretadas para limitar otros mecanismos".

Por último, la CIDH ha anunciado que en el período de sesiones anual analizarán los avances y acordarán, de ser necesario, nuevas visitas y reuniones de trabajo.

CASO IGUALA

El 26 de septiembre del 2014, un centenar de estudiantes pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa llegaron a Iguala, en el estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses que iban a utilizar para acudir a una protesta en la capital, cuando fueron atacados a tiros por policías municipales y sicarios.

Tres murieron durante las primeras horas del ataque, mientras que los restos calcinados de otro más fueron hallados más tarde e identificados. Los otros 42 continúan desaparecidos.

Los familiares de los jóvenes nunca dieron credibilidad a las conclusiones del entonces fiscal Jesús Murillo, que según abogados conocedores del caso trató de cerrar el caso cuanto antes porque perjudicaba al Gobierno.

Uno de los aspectos fundamentales es esclarecer qué papel jugaron esa noche la Policía Federal y el Ejército, que estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes, pero no intervinieron para impedir el ataque contra los jóvenes desarmados y en pleno centro de la ciudad. Al parecer una patrulla de la Policía Federal llegó a detener uno de los autobuses en los que se desplazaban los estudiantes.