MADRID. LA COMUNIDAD CREA UN REGISTRO PÚBLICO DE GRUPOS DE INTERÉS ADSCRITO A LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

La Comunidad de Madrid regulará los 'lobby' con la creación de un registro público de grupos de interés en el que, de forma voluntaria, se podrán inscribir las personas y organizaciones con capacidad para influir en la elaboración y aplicación de las políticas públicas de la Comunidad de Madrid, en defensa de intereses propios, de terceras personas, de organizaciones o, incluso, de intereses generales, explicó su presidenta, Cristina Cifuentes.
Cifuentes señaló que este registro estará adscrito orgánicamente a la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano y dijo que la creación de este registro es uno de los puntos incluidos en el proyecto de Ley de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia de la Comunidad de Madrid aprobado hoy en el Consejo de Gobierno.
Asimismo, afirmó que el objetivo es “regular e impulsar el gobierno abierto mediante la transparencia de la actividad pública, el buen gobierno y la participación ciudadana, garantizado además a los ciudadanos el derecho a acceder a la información pública y a participar en las políticas y los asuntos públicos”.
Este proyecto de ley contempla también la creación de una Comisión interdepartamental para la Transparencia en la Comunidad de Madrid, que actuará como órgano central en materia de transparencia.
Estará presidida por el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, y vicepresidida por la directora general de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, Belén Fernández-Salinero.
Sus integrantes serán los secretarios generales técnicos de las distintas consejerías, el gerente de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad, el director general competente en materia de archivos, el competente en materia de presupuestos y recursos humanos y el competente en materia de contratación y patrimonio.
Esta comisión será la encargada de instar la incoación de los procedimientos sancionadores o disciplinarios por el incumplimiento de las obligaciones impuestas en la ley.
Además, será la responsable de exigir el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa a todas las entidades obligadas.
La ley obliga a todos los organismos del Gobierno y la Administración de la Comunidad y a todos los entes del sector público autonómico, incluyendo fundaciones, consorcios y universidades públicas de la región.
En lo referente a publicidad activa de información, también afecta a entidades locales y a los entes de la administración institucional que dependen de ellas.
En el desarrollo de determinadas actividades, la norma también será aplicable a la Asamblea de Madrid, a la Cámara de Cuentas, a la Comisión Jurídica Asesora, al Tribunal Administrativo de Contratación Pública y Transparencia y a las corporaciones de Derecho Público. Asimismo, obliga a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y a las entidades privadas que perciban subvenciones de la Comunidad de más de 50.000 euros en un año o cuando el 30% o más de sus ingresos anuales tengan carácter de subvención pública y superen los 5.000 euros.
Este proyecto de ley también recoge los contenidos que la Administración está obligada a hacer públicos a través del Portal de Transparencia de la Comunidad y que incluye información relativa a organización administrativa, altos cargos, funcionamiento del Consejo de Gobierno, normativa jurídica, contratos, convenios, subvenciones, Presupuestos Generales y ejecución presupuestaria, patrimonio de la Comunidad o información estadística, entre otros.
La norma regula el procedimiento para el acceso de los ciudadanos a la información pública. La denegación de la información o su no contestación podrá recurrirse directamente ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.
Previamente, también podrán interponer una reclamación administrativa ante el Tribunal Administrativo con competencia en materia de contratación y transparencia de la Comunidad.
La nueva ley, que está previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2017, también establece los mecanismos de participación ciudadana en las políticas públicas desarrolladas por el Gobierno regional, para lo que crea tres instrumentos concretos: las aportaciones ciudadanas, las consultas públicas y los procesos de deliberación participativa. Estas herramientas se desarrollarán por vía reglamentaria.