EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A ELIMINAR LA CONCATENACIÓN DE CONTRATOS TEMPORALES DEL PERSONAL SANITARIO

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso aprobó este jueves, con 18 votos a favor, 19 abstenciones y ningún voto en contra, una proposición no de ley presentada por Compromís sobre la modificación de la Ley 1/2004 de concatenación de contratos temporales en la administración sanitaria, de manera que se garanticen “los derechos del personal sanitario”.
La diputada de Compromís Marta Sorlí, que fue la encargada de defender la proposición ante la comisión, señaló que “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que se están realizando contratos para cubrir puestos de manera temporal, cuando son necesidades prolongadas en el tiempo”, y añadió que “si se nos aplican los recortes en sanidad tal cual exige la UE, queremos que se nos apliquen también los derechos que nos tocan”.
“Queremos que la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, se comprometa con los derechos laborales”, afirmó Sorlí, que le pidió que aplique lo que ha dictaminado la justicia europea y “acabe ya con la concatenación de contratos en la administración sanitaria”.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Francisco Igea hizo hincapié en que “tenemos bajos sueldos comparados con los países de la OCDE, tanto en medicina como en enfermería”, y “tenemos unas tasas de precariedad muy altas”, ya que “la tasa de temporalidad en el sistema público en el año 2015, según el informe de Comisiones Obreras, fue del 30%, siendo en el privado del 17%”.
En este sentido, afirmó que “nos cansamos de repetir que nuestro sistema sanitario es la joya de la corona”, pero “si así tratamos a la joya, no sé qué haremos con la bisutería”, y recalcó que “ha habido casos de 25 contratos en 10 meses”, así como “licenciados especialistas esperando la apertura de las bolsas de empleo durmiendo en la calle como si fuera un concierto de Britney Spears”.
“PEOR ASISTENCIA SANITARIA”
Jesús María Fernández, del PSOE, indicó que la sentencia del Tribunal de la Unión Europea “refleja una realidad que todos conocemos” y “afecta a un 30% de los trabajadores sanitarios”, lo cual “empeora la calidad del empleo y la calidad de la asistencia sanitaria que reciben los ciudadanos”.
Por otra parte, la diputada de Unidos Podemos Ana Belén Terrón señaló que “esta proposición no de ley debería ser una prioridad en la acción del nuevo Gobierno” y lamentó que ”parece revolucionario pedir que se cumpla la ley”.
Por último, la diputada del PP María Mar Blanco declaró que “el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad lleva tiempo trabajando para dar una solución a este problema, porque si bien los pacientes son la razón de ser del Sistema Nacional de Salud, los extraordinarios profesionales con los que contamos son su piedra angular”.