EL CONGRESO APOYA TRAMITAR UNA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL PARA DISOLVER PARTIDOS CONDENADOS POR FINANCIACIÓN ILEGAL

El pleno del Congreso de los Diputados se mostró este martes mayoritariamente favorable a tramitar una proposición de ley que pretende modificar el Código Penal para que los jueces puedan disolver o suspender a formaciones políticas condenadas por financiación ilegal, de forma que la responsabilidad penal no recaiga solo en personas físicas sino en los propios partidos que promuevan o se beneficien de ello.
La proposición de ley, impulsada por Compromís dentro del Grupo Mixto, pretende añadir un nuevo punto al artículo 304 del Código Penal y cubrir la laguna legal existente en la actualidad y contó con posiciones favorables de la mayoría parlamentaria aunque la toma en consideración no se votará hasta el jueves.
Compromís considera que el hecho de que no se pueda castigar a los partidos supone "un déficit en la tutela penal a la que tiene derecho la ciudadanía para salvaguardarse de aquellas actuaciones que en materia de financiación ilegal de los partidos políticos resultan más perjudiciales para la salud democrática de nuestro Estado, a saber, aquellas no cometidas por individuos aislados sino por redes organizadas por los propios partidos como fuente continuada de ingresos que les permite desplegar un nivel de actividad por encima de sus posibilidades y adquirir así ilícitamente una posición de clara ventaja sobre las formaciones políticas que ajustan su financiación a los parámetros legales".
La iniciativa fue defendida por el diputado de Compromís Enric Bataller, que subrayó los 90.000 millones en los que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha cuantificado el impacto de la corrupción en España.
A eso se añade que la financiación ilegal sse traduce en "autoritarismo que se perpetúa en el poder" al concurrir "dopado" a las elecciones, subrayó, argumentando que los ciudadanos exigen el cierre del círculo de responsabilidades por esas conductas.
Txema Guijarro avanzó el voto favorable de Unidos Podemos a la toma en consideración de la proposición subrayando la "lluvia" de casos que afectan al PP como muestra de la conveniencia de aumentar ese castigo para los partidos políticos.
En nombre del PSOE, Sofía Hernanz, anunció también el voto favorable a tramitar la iniciativa aunque subrayó la necesidad de mejorar su redacción con el objetivo de "clarificar y endurecer" la tipificación del delito de financiación, que ha quedado "diluida y atemperada" en una regulación "insufuciente".
Toni Cantó, de Ciudadanos, avanzó también el voto favorable pese a reprochar a Compromís la presentación de esa proposición al margen de las propuestas de los expertos en la subcomisión encargada de analizar mejoras en la regulación y en el control de la financiación de los partidos.
Francesc Eritja, de ERC, subrayó la necesidad de dotar a los jueces del mecanismo legal que les permita castigar a un partido cuando la financiación ilegal "forma parte de la estructura y la estrategia" de ese partido y condenar a individuos aislados no corta esa práctica endémica.
Mikel Legarda, del PNV, precisó que en su opinión "no es el momento" de acometer reformas penales en ese ámbito, toda vez que una subcomisión está analizando esa regulación y no conviene "poner el carro delante de los bueyes".
Por el PP, María Jesús Moro reprochó a Compromís que su objetivo no es mejorar la respuesta del ordenamiento jurídico a la corrupción, y se refirió a Joan Baldoví como "el alcalde más opaco de la Comunidad Valenciana".
Subrayó que "ningún juez ha dicho que el PP sea una organización criminal" por mucho que la oposición política utilice ese argumento de forma "desesperada" ante su "incapacidad" para ofrecer un proyecto político coherente.
Desgranó algunos titulares denunciando supuestas irregularidades por parte de Compromís alertando de lo que ocurriría si se diera por cierto, y con ello acusó a sus portavoces de buscar "titulares, horas de audiencia" o quizás "un puesto en la dirección del grupo".