Kim Jong Un no tiene piedad con su propia sangre, mucho menos con sus propios ciudadanos. Ya han salido a la luz las imágenes de los campos de concentración. Pero el régimen sigue implacable y nadie mueve un músculo ante la posibilidad de que use armas nucleares. Kim Jong Un no solo es capaz de mandar asesinar a su hermanastro o matar a su tío y pedir la liberación para los sospechosos.
Es capaz de tener, según AI, hasta 120.000 personas en cuatro campos penitenciarios. Ahí están en condiciones infrahumanas presos políticos en Corea del Norte, donde son sometidos a violaciones de derechos humanos sistemáticas, generalizadas y graves, como trabajos forzados, tortura y otros malos tratos, que en algunos casos constituían crímenes de lesa humanidad.Presos sin haber cometido ningún delito
Así lo afirma Amnistía Internacional en su último informe anual, hecho público este miércoles y en el que añade que muchas de esos prisioneros no habían sido condenadas por ningún acto que el derecho internacional reconociera como delito, sino que habían sido declaradas ‘culpables por asociación’, es decir, por su mera relación con otras personas que el Estado consideraba amenazas.
El informe señala que la población de Corea del Norte “siguió soportando violaciones en casi todos los aspectos de sus derechos humanos” durante 2016 y que fueron detenidas personas tanto norcoreanas como extranjeras por ‘delitos’ no reconocidos internacionalmente como tales.
A lo largo de 2016 llegaron a Corea del Sur un total de 1.414 personas procedentes de Corea del Norte, lo que supone un 11% más con respecto al año anterior y el primer incremento desde que Kim Jong-un asumió el poder en 2011.Altos funcionarios del Gobierno abandonan Corea asustados
Los medios de comunicación surcoreanos y japoneses se hicieron eco de la salida del país no sólo de ciudadanos corrientes, sino también de altos funcionarios del Gobierno, que abandonaron sus puestos y pidieron asilo.Corea manda a la gente a trabajar a otros países sin cobrar
El informe indica que, por mediación de empresas estatales, el Gobierno continuó enviando al menos a 50.000 personas a trabajar en unos 40 países, como Angola, China, Kuwait, Qatar y Rusia, en sectores que iban desde la medicina hasta la construcción, la silvicultura y la hostelería.
Amnistía recalca que estos trabajadores no recibían los sueltos directamente de sus empleadores, sino a través del Gobierno norcoreano, que deducía de ellos “sumas considerables”. Con frecuencia, estas personas tenían que soportar jornadas laborales excesivas y estaban especialmente expuestas a accidentes laborales y a enfermedades relacionadas con el trabajo.
Por otro lado, Amnistía indica que las autoridades norcoreanas siguieron el año pasado reprimiendo severamente el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información sin limitación de fronteras.
El Gobierno restringió el acceso a las fuentes externas de información y dentro del país no existían periódicos, medios de comunicación ni organizaciones de la sociedad civil que fueran independientes. Además, continuaron restringiéndose estrictamente las actividades profesionales de los escasos periodistas extranjeros a los que se permitió entrar en el país.
Tampoco se permitía a casi nadie el acceso a Internet y a servicios internacionales de telefonía móvil, y siguieron siendo muy pocas las personas que podían acceder a la red informática existente, que sólo permitía visitar páginas web nacionales y utilizar servicios de correo electrónico.Para China, internet es el enemigo
China intensificó de manera considerable durante el año pasado el control sobre Internet, los medios de comunicación y el entorno académico, mientras continuó en todo el país una oleada de represión contra activistas y abogados de derechos humanos, que fueron sistemáticamente vigilados, hostigados, intimidados, detenidos y recluidos.
Con esas leyes se ampliaban las facultades de las autoridades para silenciar a la disidencia, restringir o censurar información y hostigar y procesar los defensores de los derechos humanos.Ahora está de moda la vigilancia domiciliaria en un lugar designado
Además, el informe indica que las autoridades chinas recurrieron cada vez más a una modalidad de detención secreta en régimen de incomunicación conocida como ‘vigilancia domiciliaria en un lugar designado’, que permitía a la politíca mantener recluidas a personas sospechosas de delitos durante periodos de hasta seis meses, fuera del sistema formal de detención y sin acceso a un abogado de su elección, a sus familias ni a nadie del exterior, con lo que quedaban expuestas a sufrir torturas y otros malos tratos.Las estadísticas sobre la pena de muerte son secreto de Estado
Al concluir el año, cinco personas permanecían recluidas en espera de juicio acusadas de ‘subvertir el poder del Estado’ o ‘incitar a la subversión del poder del Estado’, y otras cuatro acusadas de ‘buscar pelea y provocar problemas’ o de ‘facilitar a otras personas el cruce ilegal de la frontera nacional’. Amnistía recalca que las estadísticas sobre la pena de muerte seguían considerándose secreto de Estado, con lo que era imposible verificar el número de condenas impuestas y de ejecuciones consumadas.
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