En concreto, el responsable de empresa privada del sindicato, Jesús David García ha presentado un informe detallado sobre el "Acuerdo Marco de homologación de empresas de vigilancia y seguridad en el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja" (Expediente nº12-7-6.01-0006/2017)".
Dicho acuerdo fija los precios máximos de adjudicación para las tareas de vigilancia y seguridad en los edificios de los organismos dependientes de la Administración riojana.
García, que ha estado acompañado por la asesora laboral Rebeca García, ha evidenciado que "tal y como se vienen efectuando hasta ahora, estas contrataciones carecen de la dotación económica suficiente para que las empresas adjudicatarias de dichos servicios puedan prestarlos con la calidad que precisan y que, al mismo tiempo, se puedan garantizar tanto los derechos laborales de los trabajadores que los prestan como la obtención de los beneficios propios de una actividad empresarial".
"En su obsesión por los recortes del gasto, la Administración viene aplicando como único criterio de valoración para la adjudicación de servicios la oferta económicamente más ventajosa, sin ponderar las peculiaridades de los contratos en los que la mano de obra es el elemento fundamental, y casi único, de la actividad a desarrollar", ha subrayado García.
Como ejemplo, el responsable de CSIF ha expuesto las consecuencias derivadas del Contrato Marco en la adjudicación de las labores de vigilancia y control en la Fundación Hospital de Calahorra, donde la empresa adjudicataria, Alerta y Control S.A., pierde como mínimo 42 céntimos por hora y por cadatrabajador que presta servicios en dicho hospital, ha detallado García.
En esta misma rueda de prensa, CSIF ha ilustrado con profusión de datos la imposibilidad económica de cumplimiento por parte de las empresas de las obligaciones en materia laboral, situando a los trabajadores del sector a un paso de perder muchos de sus derechos, si la empresa decide acogerse al descuelgue del convenio alegando perdidas.
En tal circunstancia puede llevar a rebajas salariales de hasta un 30%, como ya ha sucedido en algunas empresas del sector denominadas "piratas".
En otros casos, como los que ya se han dado en otras comunidades autónomas de nuestro país, la asunción temeraria de contratos públicos por debajo del coste real de los mismos hadesembocado en la quiebra y consiguiente concurso de acreedores de las empresas adjudicatarias, asumiendo el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) los importes de los salarios impagados. Un sobrecoste para las arcas estatales que se podría haber evitado si las administraciones autonómicas hubieran actuado con sensatez.
Por otra parte, Jesús David García también ha criticado la pasividad del Consejo Riojano del Diálogo Social, del que forman parte el Gobierno de La Rioja, la Federación de Empresarios y los sindicatos, CCOOO y UGT; que "mientras se reparten 500.000 euros anuales (FER, 250.000; CC00, 125.000; UGT, 125.000), miran para otro lado y permiten que estas contrataciones públicas empujen a los trabajadores riojanos al abismo de la precariedad salarial y perdida de derechos laborales".
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