El exalcalde de Ourense Manuel Cabezas ha presentado este viernes ante el juzgado de instrucción número uno de la ciudad un acuerdo plenario anterior a su llegada al gobierno municipal por el cual se dejaría de cobrar el 10 por ciento de los aprovechamientos urbanísticos a los promotores privados.
En concreto, este documento se aprobó seis meses antes de que él se convirtiese en regidor --cargo que ocupó entre 1995 y 2007-- y contó con el respaldo de todos los concejales menos uno. Se trata de un informe plenario de 1994 en el que se proponía la exención del citado 10 por ciento hasta la existencia de un plan urbanístico, que no se aprobaría hasta 2003.
Así se lo trasladó al juez Leonardo Álvarez durante su declaración como investigado, que se prolongó durante apenas diez minutos en los que contestó al magistrado y a su abogado, pero no a las preguntas de la acusación.
A su salida, en declaraciones a los medios, Cabezas ha insistido en que este documento se hizo "a propuesta del secretario del ayuntamiento" y en que contó con el respaldo de 25 de los 26 ediles de la corporación. Es por ello que ha reivindicado que su gobierno actuó siguiendo las indicaciones y las instrucciones del secretario que propició este acuerdo en 1994.
"Ningún técnico ni el secretario han dicho en ningún momento que ese acuerdo había que revocarlo", ha sostenido el exalcalde, quien ha agregado que en todas las decisiones "siempre estuvo presente la unanimidad de todos los grupos" y el "criterio jurídico" del referido documento.
Por su parte, la acusación ha confirmado que va a "insistir" en que declare el secretario general del ayuntamiento y que va a pedir nuevas diligencias de prueba.
SEGUNDA VEZ QUE ACUDE A DECLARAR
El exalcalde había sido citado a declarar en calidad de investigado por el caso del 10 por ciento el pasado día 9, pero su testimonio se suspendió debido a la presentación de una querella por parte de la exconcejala socialista Áurea Soto contra el instructor del caso, Leonardo Álvarez.
En esa querella, presentada conjuntamente por la exconcejala de Urbanismo y el abogado Carlos Hernández, ambos consideran que Álvarez habría cometido "prevaricación judicial" durante su instrucción del caso de la plaza de San Antonio, del que resultaron absueltos.
En un primer momento, el juez tomó la decisión de interrumpir la toma de declaraciones hasta decidir si se excusaba de los casos que lleva y en los que Áurea Soto es parte: la denuncia de Gil Carnicer por la licencia dada a un muro de cierre del matadero; los contratos por asistencias técnicas del ayuntamiento y el del 10 por ciento de los aprovechamientos urbanísticos, en el que Soto es la denunciante. Finalmente decidió seguir con los tres.
El caso por el que Manuel Cabezas ha sido citado a declarar como testigo tiene su origen en la petición de la exedila socialista para que se investigue porqué el ayuntamiento no ha cobrado a los promotores privados las cesiones del 10 por ciento que le correspondían por los proyectos urbanísticos antes de la entrada en vigor del planeamiento de 2003.
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