Cañamero y otros casos en los que Podemos incumple su propio Código ético

Imputado por ocupar la finca sevillana de Las Turquillas, por los incidentes de la huelga general de 2011... y recientemente, por un robo en un supermercado de Dos Hermanas ocurrido hace tres años.

El líder del SAT, Diego Cañamero- que se define como un “insumiso judicial” y que en varias ocasiones ha sido requerido por negarse a acudir a las citaciones- acumula en su historial hasta sesenta juicios.

Su más que previsible incorporación para liderar la lista de Podemos por Jaén se suma a otros candidatos del partido con causas pendientes con la Justicia.

Ello, pese a que el Código ético de la formación es rotundo en este aspecto y recoge “el compromiso de renuncia al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a los mismos en caso de ser imputado, procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán en el Reglamento al efecto que habrá de publicarla Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirán siempre los delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos".

La polémica más sonora es la que afecta a la candidata por Las Palmas, la jueza Victoria Rosell. Pese a su imputación por delitos de prevaricación, cohecho y retardo malicioso en una instrucción, el partido ha defendido su continuidad en las listas. No obstante, la formación no ha tomado una decisión cerrada y apurará hasta el próximo lunes el plazo para decidir si la mantiene, en espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias pueda archivar la causa.

El escaño obtenido en la pasada legislatura por la formación en Huesca corresponde a Jorge Luis Bail, imputado por delito de atentado contra la autoridad en el transcurso de una manifestación. La Fiscalía pide para él dos años y medio de prisión.El partido sigue apostando por mantenerlo como candidato. 

El senador por Ciudad Real, Luis Benítez de Lugo, concurrió el 20-D pese a estar imputado por un delito de daños contra el patrimonio histórico por varios trabajos arqueológicos en Valdepeñas. La formación no ha aclarado aún su futuro en las próximas generales.Diputados y senadores detenidos

En otros casos, las causas están ya cerradas. El número uno por Tenerife, Alberto Rodríguez, fue detenido por varias manifestaciones estudiantiles violentas, algo de lo que, asegura, no se arrepiente. “No sólo no me avergüenzo sino que lo volvería a repetir. Voy al Congreso, entre otras muchas cosas, para intentar evitar que nadie más en este país tenga que pasar por eso”, escribió en su perfil en una red social, poco antes de tomar posesión de su escaño.

El senador de Podemos por Lanzarote, José Ramón Galindo, tuvo problemas con la Justicia por asuntos de droga. En 2008, fue detenido con cocaína y hachís. Su homólogo por Guipúzcoa, Josetxu Arrieta, fue condenado a seis años de cárcel como responsable político de ETA en Rentería. Arrepentido de la banda, fue concejal en Irún antes de incorporarse a Podemos.

El caso de Rita Maestre también provocó controversia en el partido: la portavoz municipal de Carmena fue imputada apenas unos días después de tomar posesión de su cargo, por el 'asalto' a la capilla de la Complutense. El partido defendió entonces que las dimisiones únicamente se referían a imputados por corrupción.En otros casos sí dimitieron

Mónica González, concejal en el Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz), con la marca Sí se Puede, dimitió el pasado octubre tras ser imputada en el caso Eurowork, una estafa a más de 5.000 inmigrantes a los que la empresa de la que era administradora cobraba por visados y empleos que nunca llegaban. La cantidad defraudada, según la investigación, ascendió a 2,5 millones de euros. Tras conocerse la causa, la formación le abrió de inmediato un expediente de suspensión cautelar.

También antes del 20-D, el candidato al Congreso por Burgos y procurador de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pedro de Palacio, presentó su renuncia tras conocerse que en 2002 había sido condenado por abusos a una niña de cinco años. La joven desmintió las acusaciones en una carta enviada a medios de comunicación.