Cantabria se opone a que el Estado imponga el modelo de reparto de los fondos del 0,7 del IRPF para fines sociales

El Gobierno de Cantabria se opone a que el Estado imponga el modelo de reparto de los fondos del 0,7 del IRPF destinados a fines sociales, ya que lo considera una "deslealtad" hacia las Comunidades Autónomas y exige un reparto "más justo" que eleve la aportación del Ejecutivo central para los servicios sociales municipales y la atención a la emergencia social.

Así lo ha señalado la vicepresidenta regional y consejera, Eva Diaz Tezanos, que asistió ayer a la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, en la que, según dice, el Ministerio, "pretendió imponer" un nuevo modelo de reparto de subvenciones con cargo al IRPF.

Según explica el Gobierno en nota de prensa, Díaz Tezanos manifestó su disconformidad por la "deslealtad" del Ministerio al intentar imponer a las comunidades un nuevo modelo de reparto que el Ministerio ha venido trabajando con el tercer sector, a espaldas de éstas, cuando son las comunidades las competentes en exclusiva en la materia.

"Nos convocan por primera vez cuatro meses después de conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que las CCAA deben tener competencias en el reparto de fondos del 0,7% del IRPF, meses en los que el Estado ha estado trabajando en ese reparto a nuestras espaldas", ha señalado.

Tras varias horas de debate, en las que Diaz Tezanos reclamó "la lealtad" con las comunidades autónomas que el Estado "no había demostrado hasta ahora", y ofreció diálogo y colaboración si la actitud de la ministra "era diferente", las comunidades hicieron "frente común" para defender que las políticas sociales son "competencia exclusiva" suya y, por tanto, el Estado tendrá que consensuar el modelo.

Finalmente, se llegó a un "acuerdo de mínimos" por unanimidad, que descarta la propuesta inicial del Ministerio, y como alternativa, aprueba un nuevo modelo mixto del reparto de fondos con cargo a la casilla de fines sociales del IRPF, "al no haber contado con las comunidades autónomas para su elaboración".

Este modelo mixto tendrá un tramo autonómico y otro estatal, y tras la reunión de la comisión delegada en los próximos ocho días, será el Consejo Territorial el que finalmente apruebe su concreción, y en 2018 se creará un grupo de trabajo con el fin de evaluar el nuevo modelo.

Díaz Tezanos ha denunciado, igualmente, desconocer los criterios de reparto para la asignación del IRPF de aproximadamente 400 millones, así como cuáles serán los créditos asignados a las comunidades autónomas. Según ha dicho, los fondos que hasta ahora transfería el Estado para poder financiar los servicios sociales municipales y para programas de colectivos en exclusión o para pobreza infantil "son totalmente insuficientes", dejando la aportación del Estado en algo "meramente testimonial, tras los recortes del PP que han llegado a ser en el ámbito social de un 68%".

Cantabria ha asistido a este Consejo con una actitud de colaboración con el Estado, pero ante "la falta de lealtad" que la ministra ha mostrado con las Comunidades, la vicepresidenta cántabra o ha demandado "diálogo y colaboración, algo que hasta ahora no se había producido".

Por último, Díaz Tezanos ha transmitido a las ONGs sociales tranquilidad, ya que "pese al planteamiento desleal por parte del Gobierno central, Cantabria trabajará para favorecer al Tercer Sector y defender su labor y pervivencia por la labor fundamental que desempeñan en el desarrollo de las políticas sociales", ha asegurado.