Así lo ha solicitado el juez mediante una providencia en el marco de la pieza 28 del caso Palma Arena, que el magistrado ha reactivado recientemente tras recibir nuevos datos de la Policía Nacional acerca de cómo pudo sufragarse la adquisición del inmueble.
De hecho, el magistrado indaga el destino que se le dio a un préstamo de 600.000 euros que un empresario realizó a favor de Pinal, propietario de la constructora Bruesa, y si con estos fondos éste sufragó de forma irregular la adquisición de la sede de los 'populares'.
En cuanto a Son Busquets, el exconcejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos explicó en su día que Pinal ayudó en la compra del inmueble del PP a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles. Pinal le comentó que tenía un proyecto previsto y que para ello debía llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa, al frente del cual se encontraba entonces José Bono, puesto que los cuarteles eran propiedad de este departamento.
De Santos relató que el expresidente del Govern Jaume Matas le llamó más adelante para que acudiera a su despacho en el marco de estos hechos y al llegar, en lugar del expresidente estaba Pinal, que le dio una carta con la autorización del Ministerio, firmada por quien entonces era director general de Infraestructuras de Defensa, el mallorquín Joan Mesquida.
Castro ha librado así un nuevo oficio al Ministerio para que aporte cuanta documentación obre en sus archivos sobre peticiones que guarden relación, "por mínima que fuere, con los carteles de Son Busquets y Automóviles de Palma".
Según la documentación incorporada a la causa, fue el constructor y socio de Pinal Ildefonso Pérez Ruiz quien llevó a cabo la operativa de préstamo de los 600.000 euros, el 21 de julio de 2004, cuando sacó el dinero en efectivo de una oficina de Sa Nostra y procedió a llevarlo en una mochila a otra sucursal de la misma entidad en el Polígono Son Fuster para ingresarlo de forma fraccionada en la cuenta de Bruesa.
La Policía hace constar además que la directora de esta última oficina, en base a la declaración efectuada en la Jefatura Superior por la hija de Pérez, era "una tal Marga", mujer del que fuera diputado del PP en el Parlament Joan Huguet.
La hija de Pérez manifestó en dependencias policiales que, puesto que los fondos no figuraban en la contabilidad de Bruesa, "sería para hacer cosas en negro".
En uno de sus oficios, el Grupo de Delincuencia Económica hace hincapié en el hecho de que la cantidad prestada prácticamente coincida con los 602.067 euros a los que ascendió el precio abonado por la sede del PP (511.539 euros), más los gastos de tramitación (79.620) y de constitución del préstamo hipotecario (10.907).
De hecho, entre la documentación manejada por los agentes figura la escritura de compraventa otorgada a favor del PP, en cuyo nombre actuaban su exsecretario general José María Rodríguez y su extesorero y cuñado de Matas, Fernando Areal y en la que constaba cómo 60.101 euros fueron abonados en efectivo, mientras que los 451.438 restantes fueron aplazados y abonados mediante dos cheques bancarios nominativos.
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