Castro abre paso para juzgar a Matas por las irregularidades en la campaña del campeonato del mundo de ciclismo

Junto al exdirigente del PP ha acordado que continúe el proceso penal, de cara a ser juzgados por estos hechos, contra el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) R. A. y el propietario de la agencia Nimbus, Miquel Romero.

Castro ha puesto de este modo fin a la instrucción de esta pieza separada y da paso a la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía balear para que formulen sus escritos de acusación, en los que deberán solicitar la apertura de juicio por estos hechos o, por el contrario, instar el archivo de las pesquisas.

Matas ya cumplió nueve meses de prisión por un delito de tráfico de influencias en la primera pieza que fue juzgada de la causa, mientras que también fue condenado a una pena de multa por cohecho en el marco de este proceso judicial.

En concreto, la complejidad del caso Palma Arena llevó a la apertura de hasta 28 piezas separadas. La causa estalló a raíz del sobrecoste de más de cincuenta millones de euros en la construcción del velódromo, cuyas obras fueron inicialmente presupuestadas en 47 millones y acabaron costando 110.

Entre las decisiones que llevaron a ese desfase se encuentra la firma, el 24 de enero de 2007, de un contrato para el diseño de la campaña de comunicación del campeonato, que preveía compensaciones a razón de los patrocinios que obtuviera Nimbus. Uno de los patrocinios a los que aspiraba la empresa era el del Ibatur y a tal efecto Romero presentó solicitud a Alabern, el viernes 16 de marzo, por importe de 350.000 euros.

Tal y como relata Castro en su auto, se trata de una petición que mereció una acogida "tan calurosa" que, tres días después, lunes, fue otorgada.

"No es ya, con ser mucho, que un escrito presentado un viernes reciba una respuesta afirmativa el lunes siguiente, tampoco que el importe concedido por la Administración, nada menos que 350.000 euros, se corresponda justo con la cantidad solicitada, sino que además se da el caso pintoresco de que la respuesta favorable se anticipa a la resolución que concedió el patrocinio, que tuvo lugar el día siguiente", añade.

Es más, apunta Castro, la concesión estuvo precedida de un denso informe de once folios emitido el mismo día por el entonces asesor jurídico del Ibatur, Miquel Àngel Bonet, "de cuya eficiencia no hay que sorprenderse porque se trata de un informe de plantilla heredado de su antecesor" y que no fue actualizado "para justificar esa anormal celeridad y distorsión de fechas".

Así las cosas, "el mismo y apretado día" 20 de marzo de 2007 Alabern emitió la propuesta de resolución que fue aprobada, también ese mismo día, por el presidente del Ibatur, Joan Flaquer, rubricándose al día siguiente el convenio de colaboración entre el Ibatur y Nimbus por los 350.000 euros solicitados. Según uno de los imputados del caso Palma Arena, el arquitecto Jaime García-Ruiz, Nimbus ya estaba trabajando en el convenio antes de su firma.

CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO PARA ALBERGAR EL CAMPEONATO DEL MUNDO

El magistrado recuerda en su resolución cómo en 2004 Matas ya había encargado al entonces director general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester, tratar de obtener la adjudicación a Palma de la organización del Campeonato del Mundo de Ciclismo, previsto para 2007, con la finalidad de que esta concesión "sirviera de base a la construcción de un velódromo cubierto que permitiera albergar el evento".

Y ello sin que previamente a la solicitud cursada ante la Unión Ciclista Internacional (UCI) "conste que se llevaran a cabo estudios sobre la viabilidad económica del proyecto". Tras la adjudicación, el exministro propuso al Consell de Govern, carente de los informes técnicos necesarios, la construcción del velódromo, que fue finalmente aprobada.

Precisamente, el mes pasado Castro abrió la vía para juzgar a Matas por la adjudicación presuntamente ilegal de las obras y la aprobación de un presupuesto de 46,4 millones de euros para la construcción del Palma Arena -pieza ocho-, así como por auspiciar la contratación 'a dedo' de los arquitectos que se encargaron de dirigir los trabajos y quienes acabaron percibiendo unos honorarios de unos nueve millones de euros por hacerse cargo del considerado proyecto estrella de la última legislatura de Matas -pieza nueve-.