La central obrera Pit-Cnt mantiene por ahora la convocatoria a un paro general para el próximo 29 de junio si el gobierno uruguayo no acepta su reclamo de modificar el plan de ajuste impositivo anunciado a finales de mayo.
El presidente de la central, Fernando Pereira, aseguró este miércoles a medios locales que la realización del paro general sigue vigente, aunque depende del éxito de las conversaciones con el gobierno y lo que decidan a mediados de mes los delegados sindicales que integran la Mesa Representativa de la organización.
"Todavía no sabemos si el paro del 29 de junio se va a suspender (...) Si no cambia la pauta salarial, el paro es un hecho", había dicho Pereira temprano en la jornada a El País TV.
Sin embargo, en una reunión la tarde de este miércoles con el ministro de Economía, Danilo Astori, no se contempló el reclamo principal de la central de modificar los lineamientos salariales debido al alza de la inflación, que ya supera en el anual el 11%, y ejercer un control más estricto de precios minoristas de ítems que han aumentado en exceso.
Marcelo Abdala, secretario general del Pit-Cnt, dijo que el gobierno no aceptó que los correctivos salariales por la inflación sean ajustados cada 12 meses en vez de cada 18 o 24 como estaba previsto en los consejos tripartitos iniciados en 2015.
De concretarse, sería el segundo paro general de 24 horas contra el gobierno del socialista Tabaré Vázquez, que asumió su cargo en marzo de 2015.
Para los sindicatos el ajuste "recae en la clase trabajadora", y reclaman que el gobierno proteja los salarios.
El alza de impuestos recibió críticas generales de gremios, la oposición y analistas.
La medida busca ingresar alrededor de 300 millones de dólares y bajar en un punto porcentual su déficit fiscal, de más del 3,7% del PIB, hasta el 2,5%.
El anuncio que generó más críticas fue el aumento del Impuesto a las Retribuciones de las Personas Físicas (IRPF) -impuesto a la renta personal-, que a partir de enero se incrementaría entre 3 y 4 puntos porcentuales para cinco franjas de ingresos que abarcan a unos 400.000 asalariados.
El gobierno de la coalición de izquierdas Frente Amplio adoptó las medidas tributarias a contramano de las promesas electorales de Vázquez en 2014 sobre aumento de impuestos y presionado por el déficit fiscal amenazante, la elevada inflación, una caída de las exportaciones del 39,2% en abril respecto a igual mes de 2015, el fortalecimiento del dólar y el adverso contexto político-económico regional e internacional.
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