Según ha indicado el Cermi en un comunicado, en un amplio escrito dirigido a Soledad Becerril fundamentando su solicitud, este comité expone la "inadecuación" de la sentencia del Supremo, tanto a la "Constitución española" como a los "tratados internacionales de derechos humanos suscritos por España", en especial, ha precisado, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.
Así, ha relatado que, con arreglo a la legalidad internacional vinculante para el Estado español, "constituye una vulneración de los derechos de las personas con discapacidad cualquier restricción del derecho de voto por motivos o causas asociadas a la situación de discapacidad": "Como claramente establece el artículo 29 de la Convención citada, por lo que el Supremo hace una incorrecta interpretación de ese tratado internacional que vicia su decisión".
En esta línea, el Cermi ha señalado que este "error" del Supremo, que entiende que "no ha asumido en toda su intensidad y alcance el enfoque de derechos humanos que se deriva de la Convención Internacional de Naciones Unidas de 2006", "justifica que se recurra en amparo ante el Tribunal Constitucional", recurso para el que está legitimada, ha subrayado, la Defensora del Pueblo.
A renglón seguido, el Cermi ha explicado que el recurso de amparo de la Defensora del Pueblo, de acceder a la petición del CERMI, se uniría al que va a presentar la mujer perjudicada y su familia, con el apoyo y el soporte jurídico de la Fundación Down Compostela y el "pleno respaldo" de Down España.
Al margen de la actuaciones judiciales, el CERMI viene reclamando al legislador que "solvente este grave problema de derechos humanos", para lo que pide modificar "con urgencia" la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
En este sentido, ha solicitado que se elimine de su articulado la posibilidad de que los jueces priven del derecho de voto a determinadas personas con discapacidad, ya que, ha remarcado, es un elemento "atentatorio" contra los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y una "infamia" para el sistema democrático español.
RECURSO DE AMPARO ANTE EL TC
En concreto, familiares y asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad presentaron hace unos días un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para reclamar que se restablezca la posibilidad de votar de la joven gallega con Síndrome de Down, un derecho que le fue retirado durante el proceso emprendido por sus padres para solicitar una "incapacitación parcial".
Mara G.C. es una joven con Síndrome de Down del entorno de Santiago de Compostela que cuenta a día de hoy con 19 años. Hace dos años, antes de su mayoría de edad, sus padres solicitaron la "incapacitación parcial" de la joven para orientarla en cuestiones de índole económico, aunque reclamaron que se le "respetasen sus derechos personalísimos", entre ellos el de votar, dado que había expresado su deseo de ejercer este derecho.
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